En la audiencia de legalización de captura, que se llevó a cabo en los tribunales de Bogotá, la Fiscalía indicó que se les capturó por "presuntamente ser miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN)", según declaraciones publicadas por el diario local El Tiempo.
Sin embargo, la medida fue cuestionada por el fiscal General de Colombia, Néstor Humberto Martínez, quien anunció que reasignó a la investigación por el atentado "a un nuevo fiscal de la Unidad de Crimen Organizado".
Los tres sujetos a quienes se les legalizó la recaptura mantienen detenido en la cárcel La Modelo, de Bogotá, de donde incluso no salieron pese a la medida de libertad inmediata dictada el 24 de agosto por el juzgado.
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El delito que se les imputa a los tres hombres es rebelión y por este mismo proceso también fueron recapturadas cuatro mujeres que habían quedado en libertad por vencimiento de términos.
Las autoridades iniciaron una investigación que permitió la captura de once personas, a las que se les relacionó con el hecho, la mayoría jóvenes estudiantes universitarios a quienes se señala de pertenecer al Movimiento Revolucionario del Pueblo, un grupo de milicias urbanas de la guerrilla del ELN, al que se le atribuyen al menos otros 15 atentados en la capital colombiana.
Los implicados se han declarado inocentes de los señalamientos de la Fiscalía y sostienen que son un chivo expiatorio de las autoridades.
