"Estamos estudiando este informe, además, celebraremos esta semana un encuentro con sus autores", dijo Kocijancic a los periodistas.
Así respondió a la pregunta de si son posibles nuevas sanciones contra Birmania.
A finales de junio pasado la UE impuso sanciones a siete oficiales de alto rango de Birmania, a quienes considera responsables de graves violaciones de los derechos humanos sufridos por los rohinyás.
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El informe en cuestión que será representado oficialmente el 18 de septiembre en una sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, denuncia el genocidio en el norte del estado birmano de Rakáin, así como crímenes de lesa humanidad y delitos de guerra en los estados de Rakáin, Kachin y Shan, por los que deben ser investigados y enjuiciados los altos mandos militares de Birmania.
A los autores del estudio se les denegó la entrada en Birmania por tanto se vieron obligados a realizar su investigación analizando entrevistas con víctimas y testigos, imágenes obtenidas por satélite, fotos y vídeos.
Se precisa, además, que antes de ser publicado el informe fue enviado al Gobierno birmano que todavía no ha dado ninguna respuesta.
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La operación militar se saldó con más de 400 muertos.
El total de rohinyás en el distrito bangladesí de Cox's Bazar se estima en unas 919.000 personas, según los datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
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Birmania, una nación mayoritariamente budista, deniega ciudadanía y derechos civiles a esta comunidad musulmana estimada entre 1,1 y 1,5 millones de personas, alegando que son inmigrantes bengalíes; el conflicto y la crisis humanitaria se agravaron especialmente con la transición política de un régimen militar a uno civil ocurrida entre 2011 y 2012.