"El Colegio Médico de La Paz y el Colegio de Abogados de La Paz hemos decidido constituirnos en parte de este proceso para defender los derechos del doctor Jhiery Fernández", dijo en conferencia de prensa el presidente del primero de esos organismos, Luis Larrea, horas después de que un tribunal ratificara la orden de detención del condenado.
Interviniendo por primera vez en la polémica, el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García, planteó que, sin afectar el principio de independencia de la justicia, el Consejo de la Magistratura cambie los procedimientos de designación de jueces, ante las contradicciones del proceso y la "evidente incapacidad" de Pacajes.
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El pediatra Fernández pidió ser liberado, con base en la confesión de Pacajes, pero el mismo tribunal, sin la jueza porque fue suspendida tras su polémica declaración, resolvió en la madrugada de este 25 de septiembre, al cabo de una audiencia de casi 12 horas, que debía continuar en prisión sin perjuicio de apelar su condena a 20 años de cárcel.
"El doctor Fernández es víctima de una justicia corrupta, está sufriendo lo que sufren muchos inocentes por culpa de jueces y fiscales corruptos", afirmó Larrea.
El bebé, identificado como Alexander, tenía ocho meses cuando murió en noviembre de 2014 luego de sufrir la supuesta agresión, que una forense estatal tipificó como violación aunque sin identificar al autor.
Detenido a los pocos días e inculpado de la violación por ser el único hombre presente en el orfanato cuando ocurrieron los hechos, el pediatra Fernández fue condenado en primera instancia en marzo de 2018, junto con dos funcionarias del mismo centro asistencial como supuestas encubridoras.
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El caso rebrotó hace casi dos semanas cuando ATB divulgó una grabación de audio en la que la jueza Pacajes reveló las supuestas irregularidades.
Posteriormente, la cadena de televisión rechazó la semana pasada una orden judicial de revelar la fuente de esa grabación, pero después el mismo autor del registro se presentó, identificándose como un examante de la magistrada.
Tras varias negativas, la jueza admitió finalmente haber hecho esa confesión, aunque aseguró que lo hizo bajo los efectos del alcohol y las drogas que le habría dado su examante, contra quien interpuso una demanda penal.
"Es terrible lo que está pasando con este caso (…) Tiene que haber salidas y son las que estamos proponiendo para que nos e vuelvan a repetir este tipo de casos", afirmó el vicepresidente.
Esa corte, conformada por jueces designados también por el Consejo de la Magistratura pero con participación de instituciones académicas y sociales, "debe sopesar todo el conjunto de pruebas y pronunciarse en torno a la culpabilidad o no de la persona encausada y la responsabilidad en la violación y muerte de niño Alexander", agregó.
García lamentó el anuncio del paro de médicos y abogados y llamó a evitar más presiones sobre los órganos judiciales que todavía deben atender el caso de la muerte del bebé.