Es de señalar que esta pretensión se suma a una serie de acciones judiciales en distintas sedes como el CIADI, la Organización de Estados Americanos, el Consejo de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la ONU.
A estas acciones ilegales, injustas e ilegítimas en su gran mayoría, desproporcionadas y exageradas en su totalidad, se acumulan en una campaña de demonización cuyo fin último es defenestrar del poder de manera violenta a un Gobierno que se ha sometido a 24 elecciones en los últimos 19 años, por cuanto no pueden —al menos democráticamente— eliminar su 'mal ejemplo' del hemisferio.
Entonces, ¿prosperará esta pretensión en la Corte Penal Internacional? Primero debemos tener en cuenta si admitirá o no la Sala de Cuestiones Preliminares dicha acción, la cual no pasó por el tamiz del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por el temor real de un veto de China y Rusia, los cuales no forman parte del Estatuto de Roma, al igual que EEUU, principal interesado en salir de Nicolás Maduro y colocar un sátrapa que maneje la principal reserva de petróleo y oro del mundo.
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En este sentido, se debe tener en cuenta el artículo 17 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional que establece:
De lo anterior, se denota que si un Estado es investigando, juzgando y ejecutando lo juzgado de los hechos denunciados, como es el caso de la entidad político territorial independiente República Bolivariana de Venezuela, que ha demostrado con acciones concretas que es el principal interesado en que se conozca la verdad, entonces resultaría írrito y fútil la activación de un órgano jurisdiccional internacional.
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En palabras del doctor Jesús David Rojas Hernández, experto en Derecho Penal Internacional y Derecho Humanitario, se debe esperar la decisión de la fiscal de la Corte Penal Internacional Fatou Bensouda, la cual ha demostrado tener una hoja intachable de trayectoria profesional, que la ha llevado a presidir la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, entre otros importantes cargos como adjunto al fiscal de la Corte Penal Internacional. Sin embargo, acotó que Venezuela debería destinar un equipo de abogados para atender jurídicamente estos procesos judiciales internacionales, no solamente atacarlos políticamente.
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Recientemente, el nuevo fiscal general venezolano, Tareck William Saab, denunció y acusó una serie de irregularidades en los procedimientos de investigación de los hechos presuntos como lesivos a la humanidad, así como impulsó una serie de acciones para descubrir la verdad de lo que pasó en esa hora tan oscura de la historia de Venezuela.
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Hay responsables tras las rejas y varios individuos con medidas humanitarias de casa por cárcel, precisamente autores materiales de la destrucción de Caracas en febrero de 2014 como es Leopoldo López, a quien la oposición, los medios y Gobiernos de derecha catalogan como preso político.
Por último, la prosperidad o no de esta acción penal internacional es insustancial y debería declararse inadmisible, por cuanto el Estado venezolano está conociendo en profundidad todos y cada uno de los hechos. Sin embargo, debería la comunidad internacional prestar todo el apoyo para que los prófugos de la justicia venezolana que se encuentran en palacetes en las capitales de los países denunciantes, sean procesados por la jurisdicción del país.
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