"Torra y y el gobierno de la Generalitat celebran el quebrantamiento de la ley el 1-O, exhiben las urnas que usaron y animan a quebrantar la ley, luego se sorprenden y usan el término de presos políticos, son conscientes de las consecuencias", afirmó este 1 de octubre el secretario general del partido conservador, Teodoro García Egea, en declaraciones a la cadena de televisión Antena 3.
"Se pueden poner muchos lazos amarillos y manifestarse todo lo que uno quiera, pero sin quebrantar la ley y sin insultar con esos símbolos que excluyen a jueces, fiscales y a todo un ordenamiento jurídico", subrayó el político conservador, por lo que, continuó, "que después no vengan diciendo que son presos políticos, porque son políticos presos porque están quebrantando las leyes, y lo que están haciendo ahora y todo el fin de semana es llamar al quebrantamiento de la ley".
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Agregó que el Gobierno catalán está animando "a las algarabías, a cortar las calles, a hacer de Cataluña una tierra que no resulte atractiva para las empresas".
El secretario general del PP también cargó contra el expresidente catalán Carles Puigdemont, de quien dijo que "cuando uno no cumple la ley, se convierte en un prófugo de la Justicia, vergonzante para todos los que queremos a Cataluña".
El pasado domingo el presidente del PP, Pablo Casado, volvió a plantear la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española, que permite al Ejecutivo central, previa autorización del Senado (cámara alta del Parlamento), intervenir una administración autónomica para restablecer la legalidad, y que fue aplicado por primera vez el 27 de octubre de 2017, el mismo día en que el Parlamento de Cataluña aprobó la declaración de independencia.
"La Constitución es la vacuna al independentismo", dijo Casado en un acto celebrado en Cádiz (Andalucía) al proponer "aplicar su artículo 155 en Cataluña y concretar su Título VIII con leyes que garanticen la competencia en Educación, Sanidad y Seguridad."
En la votación participaron 2,2 millones de personas, lo que supondría un 42% del censo, y un 90% optó por la opción independentista, lo que según el Gobierno catalán le otorgó el derecho de constituir un Estado independiente en forma de república.
El Gobierno central, en cambio, no reconoció la validez de ese referéndum que, además de haber sido ilegalizado por el Constitucional, según Madrid, no cumplió un mínimo de garantías procedimentales.
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Un año después del referéndum, los partidos y las entidades soberanistas convocaron diversas manifestaciones y actos conmemorativos, entre otras cosas para reclamar la libertad de sus líderes encarcelados.
