La Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (Fedepaz) considera que la resolución expedida es resultado de un largo camino de lucha, un "testimonio de resistencia pacífica y esperanzadora" para la sociedad peruana, se lee en la web de la organización.
Velazco, que fue uno de los autores del pedido de anulación, considera que el pacto Fujimori-Kuczynski fue "emblemático" porque "representaba la impunidad […] frente a todos los peruanos, hayan vivido o no una situación de agresión directa por parte de las fuerzas de seguridad cuando él era el dictador".
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La decisión del Tribunal Supremo de Perú de dejar sin efecto el indulto representa "un momento de reconciliación". El juez supremo Hugo Muñoz consideró que Fujimori cometió "crímenes contra la Humanidad", por lo que ordenaron su captura y reingreso a prisión. Todavía le quedan 13 años de un total de 25.
"Qué bien que el sistema de justicia haya resuelto reponer una situación grave de impunidad y hacer que se castigue debidamente, conforme la ley, a una persona que cometió graves violaciones a los derechos humanos", opinó Velazco.
El dictador apelará la decisión. Su hija, Keiko Fujimori, líder del principal partido de oposición (Fuerza Popular) lo anunció este 4 de octubre, antes de entrar al domicilio donde reside el dictador en Lima. "Esta decisión es injusta, es inhumana y será apelada", dijo.
A su vez, señaló que en la anulación también se argumentó que hubo "una situación política de intercambio de beneficios" en el Gobierno de Kuczynski (2016-2018) y, por otro lado, que Fujimori "no estaba en una situación de salud que origina la necesidad de un indulto humanitario".
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Velazco explicó que si la justicia peruana determina que Kuczynski "negoció políticamente el indulto" y permitió que se estudiara el expediente del dictador de forma irregular, él y los funcionarios del Poder Ejecutivo de entonces podrían verse "seriamente afectados" y terminar cumpliendo una pena en prisión.