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Suprema Corte de Justicia de México declara inconstitucional Ley de Seguridad Interior

CC BY-SA 3.0 / Gabrieldrogba11 / Suprema Corte de Justicia de la Nación (México)
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CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — Un fallo de la Suprema Corte de Justicia de México declaró "inconstitucional" la Ley de Seguridad Interior, que autoriza despliegues militares en operaciones de seguridad pública, por nueve votos contra uno, y con la ausencia de la ministra Margarita Luna, que ya había expresado su postura en contra.

El único voto a favor fue del ministro Mario Pardo Rebolledo Mario, autor del dictamen que declaraba constitucional la reforma que abrió paso a la controvertida ley, aprobada por el Congreso y promulgada en diciembre de 2017 por el presidente Enrique Peña Nieto.

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La Corte Suprema aprobó así las "demandas de inconstitucionalidad" promovidas por senadores, diputados y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, apenas un día después del anuncio de un Plan Nacional de Seguridad y Paz (2018-2024) del próximo Gobierno, que contempla continuar utilizando a las fuerzas armadas en operaciones contra la delincuencia.

Antes de abandonar la sala de la discusión pública, en la sede del máximo tribunal, la ministra Margarita Luna consideró que el Congreso "tiene facultades para legislar en materia de seguridad interior" y se pronunció por la inconstitucionalidad de la ley.

El presidente del máximo tribunal, Luis María Aguilar Morales, aceptó las impugnaciones "atendiendo a la realidad del país", al abrir el debate de la polémica ley que legalizó el papel de las fuerzas armadas en el combate al crimen organizado, luego de más de una década de haber sido decretada la llamada "guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado" en el mandato de Felipe Calderón (2006-2012).

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El objetivo de la revisión del máximo tribunal es que la legislación "limite y contenga reglas precisas para la actuación de las fuerzas armadas en el control de la problemática de carácter interno, mirando siempre por la cabal vigencia de los derechos humanos", dijo el titular del Poder Judicial.

La oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos reiteró el jueves su rechazo a esa ley que "lesiona los derechos humanos y fortalece el statu quo que ha demostrado su ineficacia para proveer seguridad y tutelar los derechos fundamentales de la población", dijo el representante permanente en el país, Jan Jarab.

La delegación del organismo que encabeza la expresidenta chilena Michelle Bachelet asistió a presenciar la sesión del pleno de la Corte Suprema.

La oficina de Jarab afirmó que "de esta discusión dependerá, en importante medida, el modelo de seguridad en México y el papel de las fuerzas armadas en tareas de seguridad".

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Al presentar su Plan de Seguridad y Paz, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador explicó que actualmente el país solo cuenta con la Policía Federal y la Policía Ministerial para combatir la delincuencia.

"Aunque también existen las policías estatales y municipales, lo cierto es que existe descomposición en ellas, y la Policía Federal no es una institución consolidada, ya que de las 40.000 personas que laboran en ella, solo la mitad se encuentra desplegada en campo", dijo el futuro presidente.

Por otro lado, explicó, "la opción de buscar el apoyo, el respaldo de las fuerzas armadas" es con el fin de crear una Guardia Nacional militarizada.

"Eran dos opciones, al final de cuentas la política siempre es optar entre inconvenientes y tiene uno que tomar decisiones, decidimos apoyarnos en las fuerzas armadas, buscar la unidad, conformar esta Guardia Nacional integrando a la Policía Militar, a la Policía Naval y a la Policía Federal en una sola corporación: en la Guardia Nacional; esa fue la decisión que tomamos", dijo López Obrador.

El anuncio fue inesperado para las organizaciones defensoras de los derechos humanos y requerirá de otra reforma constitucional.

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