"Esta resolución afecta directamente a las mujeres que se atienden en el sistema privado, para ellas, realizarse un aborto es una verdadera carrera de obstáculos para alcanzar su derecho", dijo Castañeda.
El tribunal acogió un recurso presentado por parlamentarios de derecha contra el protocolo dictado por el actual Gobierno para aplicar la ley.
El protocolo establecía la "objeción de conciencia", que permite a los médicos que tengan reparos morales o religiosos negarse a practicar abortos, y también establece que clínicas u hospitales privados de origen religioso se acojan a una objeción "de ideario" u objeción de conciencia institucional para negar este servicio.
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Por tanto, a partir de ahora todos los centros de atención privados, incluso aquellos que presten servicios de salud sexual y ginecológica financiados por Estado, pueden ampararse en la objeción de conciencia para negarse a hacer abortos.
Castañeda sostuvo que la resolución del tribunal es "antidemocrática".
"Miles de chilenos se manifiestan en las encuestas a favor del aborto en tres causales, la ley fue aprobada por el Congreso luego de dos años de trámite, y ahora el Tribunal Constitucional resuelve con una decisión que impide a las mujeres acceder a su derecho, eso es atentar contra la democracia", dijo.
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Castañeda contó que muchas mujeres se han acercado a la Mesa Acción por el Aborto para denunciar que en algunas clínicas privadas en las que buscaron atención "no se les practica el aborto, y a veces tampoco te ayudan con información, diciéndote dónde tienes que ir".
El Tribunal Constitucional de Chile "no solamente está obsoleto, sino que es inconstitucional", acusó la activista.
El aborto en Chile es ilegal, pero una ley de 2017, promovida por la expresidenta Michelle Bachelet 2006-2010 y 2014-2018) despenalizó su práctica en tres causales.
