"Esta sentencia fue histórica; tres jueces dijeron que sí, que Ford también fue la dictadura", celebró Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (Hijos) en su cuenta de la red social Twitter.
Esta sentencia fue histórica. Tres jueces dijeron que sí, que FORD TAMBIÉN FUE LA DICTADURA.#CausaFord #JuiciosAGenocidas pic.twitter.com/iHJeos57Fd
— H.I.J.O.S. Capital (@hijos_capital) 11 декабря 2018 г.
El tribunal oral federal nº 1 de San Martín, en la provincia de Buenos Aires, sentenció a los exdirectivos de la automotriz estadounidense Pedro Müller y Héctor Sibila por el secuestro y las torturas que padecieron 24 trabajadores en la planta que la compañía tiene en General Pacheco, un polo industrial al nordeste del distrito.
Los dos exdirectivos, acusados de los delitos de detenciones ilegales y tormentos agravados, permitieron la instalación de un centro clandestino de detención dentro de la fábrica y marcaron a los empleados que debían ser secuestrados y torturados.
Debido a su avanzada edad, los dos representantes de la filial de la automotriz fueron autorizados a cumplir prisión domiciliaria.
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El tribunal argentino también condenó a quince años de cárcel al exmilitar Santiago Riveros, extitular de Institutos Militares del Ejército, que recibió una pena más alta porque también fue acusado del delito de allanamientos ilegales.
Es la segunda vez que la justicia argentina señala la responsabilidad empresarial como partícipe necesaria de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado en Argentina.
En marzo de 2016 fue condenado a doce años de prisión por delitos de lesa humanidad Marcos Levin, dueño de la empresa de autobuses Veloz del Norte.
El juicio contra este empresario fue anulado al año siguiente por la Cámara de Casación Penal, máximo tribunal de la esfera penal, hasta que en septiembre de este año la Corte Suprema ordenó reabrir la causa.
"Es un hito en la sanción de la responsabilidad civil con el terrorismo de Estado", celebró el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), un organismo que supervisa el cumplimiento de los derechos humanos.
El 7% de los civiles acusados de crímenes de lesa humanidad en Argentina son empresarios, de acuerdo al CELS.
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Organizaciones de derechos humanos estiman que durante la dictadura argentina unas 30.000 personas fueron detenidas o desaparecidas.