"La demanda entablada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ante la corte que supera los 60 millones de dólares es 'angustiante', pero se defenderán los intereses del pueblo", dijo el 28 de diciembre el procurador general de Paraguay, Sergio Coscia, según la agencia estatal IP.
El caso se trata sobre la "desaparición forzada y tortura" de Juan Francisco Arrom Suhurt y Anuncio Martí Méndez, líderes del movimiento político Patria Libre, durante los días 17 al 30 de enero de 2002, dice el comunicado de prensa de la OEA.
Según los denunciantes, tanto Arrom como Martí fueron detenidos por agentes estatales que los interrogaron constantemente sobre sus actividades políticas y los presionaron para que se declararan culpables del secuestro de María Edith Bordón de Debernardi, raptada en días previos y por cuya liberación se exigía una alta suma de dinero, agrega el comunicado.
"Esas dos personas estaban siendo procesadas y aprovechándose del debido proceso y de los derechos humanos que le estaba brindando el Estado, al someterlos al debido proceso se fugaron del país y obtuvieron un refugio por la situación política de aquel entonces", añadió el procurador y agregó que es inadmisible que la Corte condene al Estado a pagar a dos personas que están investigadas por hechos punibles tan graves como el de secuestro.
Coscia explicó que estas personas están procesadas y en todo momento el Estado les otorgó todas las garantías.
"No nos pueden venir a demandar ellos ahora como si fuera que ellos son las victimas de toda esta industria que ellos mismos iniciaron", agregó el letrado.
La audiencia entre las partes será el próximo 7 de febrero.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia y está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
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