"La decisión unilateral del Gobierno de Guatemala por el que se termina el Acuerdo de 2006 con la ONU que establece la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) corre en contra de sus obligaciones legales para con la ONU y varios fallos de la Corte Constitucional (…) La UE seguirá vigilando de cerca la situación y reaccionará a la luz de los acontecimientos", dijo la Alta Representante de Política Exterior de la UE, Federica Mogherini, en un comunicado publicado en la página web del bloque.
La UE dijo que el Gobierno debería permitir que la CICIG complete su trabajo hasta que finalice su mandato actual en septiembre de este año, respetando la integridad del personal de la comisión.
Morales afirmó que la CICIG incurrió en violaciones contra los derechos humanos en su país y para demostrarlo presentó a una familia de origen ruso que afirmó que fue afectada por la Comisión tras pasar por un proceso judicial injusto.
En 2018, el Gobierno ya había anunciado su decisión de no renovar el mandato de la CICIG y más tarde prohibió la entrada al país a su comisionado, Iván Velásquez, que había viajado momentáneamente a EEUU.
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La comisión, creada en 2006 mediante un acuerdo del Gobierno guatemalteco y la ONU, ha investigado decenas de casos de corrupción en el país y en varias ocasiones intentó que se le quitaran los fueros a Morales, a quien acusaba de financiamiento electoral ilícito.
En 2015, la CICIG asistió en el enjuiciamiento y renuncia del expresidente de Guatemala Otto Pérez Molina (2012-2015), quien fue acusado de abusos contra los derechos humanos en el país.
