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La Justicia colombiana condena a cinco militares por nuevo caso de "falsos positivos"

© AP Photo / Fernando VergaraLos militares colombianos
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BOGOTÁ (Sputnik) — Un mayor retirado del Ejército de Colombia fue condenado a 38 años y cuatro meses de prisión por su responsabilidad en otro caso de asesinatos extrajudiciales o "falsos positivos", por el cual también recibieron sentencia condenatoria un sargento y tres soldados, según informó la Fiscalía de Colombia.

"El juez impuso 38 años y 4 meses de prisión al mayor (r) Wilson Orlando Lizarazo Cárdenas como coautor intelectual y material de los delitos de homicidio en persona protegida en concurso heterogéneo con falsedad ideológica en documento público, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, y fraude procesal", indicó la Fiscalía en un comunicado.

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Asimismo, detalló que el juez, adscrito al Juzgado Penal del Circuito de Granada (Meta, centro), condenó a seis años de prisión al sargento Jader Alexander Gómez Ayala y a los soldados Faiber Ceballos Gómez, Jesús Danilo Zapata y Johon Richard Cárdenas, por el delito de encubrimiento.

Los militares condenados, quienes permanecían en libertad y contra quienes se libraron las respectivas órdenes de captura, deberán indemnizar además a los familiares de las víctimas por concepto de perjuicios y daños morales.

El hecho por el cual se les condenó ocurrió en enero de 2004, cuando, según la Fiscalía, Diego Édison Hernández y otro hombre, aún sin identificar, fueron contactados por integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC, paramilitares) en un establecimiento nocturno en Villavicencio (Meta), trasladados a Fuente de Oro (Meta) y abandonados en la aldea Puerto Palmira.

"Hasta ese punto llegaron tropas del batallón 21 Pantano de Vargas y dispararon contra las dos personas hasta ocasionarles la muerte, tras este hecho los uniformados ubicaron armamento largo al lado de los cuerpos sin vida", precisó la Fiscalía.

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Las actas oficiales señalan que las víctimas fueron reportadas como "bajas en combate" y las armas puestas en la escena figuraban como elementos incautados, además todo estaba rotulado con el nombre de Operación Despegue, dirigida contra un supuesto grupo paramilitar responsable de extorsiones a transportadores de la región.

Sin embargo, el fallo condenatorio resaltó que "a todas luces es una falsedad, toda vez que la confrontación no se dio" y por ende la Operación Despegue fue una falsedad, ya que "tanto las víctimas como las armas fueron suministradas por las AUC, Bloque Centauros, a los militares".

La investigación determinó la existencia de una alianza criminal entre algunos oficiales adscritos a la mencionada unidad militar y cabecillas del denominado Bloque Centauros de las AUC, en la que fueron simuladas acciones operativas para recibir el reconocimiento de los comandantes y calmar las críticas de la población y de algunos sectores sociales que exigían resultados contra las estructuras paramilitares que delinquían en el Meta.

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Según la Fiscalía, las declaraciones de varios desmovilizados evidenciaron la alianza entre las AUC, el mayor (r) Lizarazo y otros oficiales con el fin de no atacarse entre sí, ya que el enemigo común era la entonces guerrilla de las FARC.

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Entre 2002 y 2008 brigadas del Ejército en todo el país asesinaron de manera extrajudicial a miles de civiles para reportarlos como bajas en combate, en lo que se conoce como casos de "falsos positivos", con los cuales los militares recibían ascensos y beneficios.

Los tribunales colombianos han condenado a más de 800 miembros del Ejército por ejecuciones extrajudiciales, en su mayoría soldados y suboficiales, mientras que las autoridades no han llevado a cabo investigaciones exhaustivas sobre los altos mandos del Ejército colombiano y, por el contrario, han ascendido de rango a militares presuntamente implicados en ese tipo de hechos.

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