En enero de 2018 los diputados del Frente para la Victoria, Rodolfo Tailhade y Martín Doñate, presentaron una denuncia penal acusando al Gobierno nacional de tráfico de influencias, negociaciones incompatibles, y uso de información privilegiada en el otorgamiento de seis concesiones para la explotación de parques eólicos en las provincias del Chubut y Buenos Aires.
"La presencia de Tévez en el negocio —dijo Tailhade a Sputnik— es la ratificación de que detrás está el presidente de la Nación".
El 21 de febrero de 2019 los diputados ampliaron la denuncia presentada un año atrás, aportando información sobre Macri y sus socios, entre los que está Tévez, informó Perfil el domingo 17.
"Macri es amigo personal de Tévez. El propio Tévez ha reconocido que el presidente de la Nación siempre lo asesora en materia de administración de su dinero, inversiones, etcétera, así que creo que ya hay un círculo suficiente de pruebas como para considerar que la familia presidencial está involucrada en esto de punta a punta", aseguró Tailhade.
Presentamos ampliación de denuncia y pedimos al juez que cite a Tévez para interrogarlo respecto de quién lo invitó a participar del negocio. Aunque ya todos sabemos quién fue. https://t.co/IbpvCUnyn2
— Rodolfo Tailhade (@rodotailhade) 21 de febrero de 2019
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"Sideco Americana, empresa emblema de la familia presidencial, prestó más de 64 millones [de dólares] a dos de las sociedades para ingresar en el negocio de los parques eólicos", reza Perfil.
"Lo que teníamos muy comprobado —señaló Tailhade— era la participación de la familia Macri, que armó tres o cuatro sociedades específicamente para este negocio. Esas sociedades fueron las que se quedaron con las concesiones sin que hayan participado de ningún acto público de licitación, que era lo que correspondía".
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Según el diputado, recibieron esas concesiones "en una cesión que hace la anterior titular de esas concesiones, Isolux", acto que el Estado convalidó, "cuando debió haberla objetado", explicó.
"Si vos entregás concesiones a una empresa a través de una licitación pública, y esa empresa no cumple con ningún compromiso de los que asumió, se tiene que dejar sin efecto esa adjudicación, y por lo tanto el Estado tenía que recuperar esos predios, esas tierras, y volver a licitar", aseguró.
Sin embargo, en este caso el "incumplidor" transmitió sus derechos a las empresas de los Macri, sabiendo que el Estado "no se iba a oponer", concluyó.