En su declaración Cuixart se refirió al referéndum del 1 de octubre de 2017 como "el ejercicio más grande de desobediencia civil que ha habido en Europa".
El relato de Cuixart se centró en intentar exponer el proceso independentista de Cataluña como una sucesión de actos de desobediencia civil ante unas leyes presuntamente injustas que impiden a este territorio ejercer el derecho de autodeterminación sin el consentimiento del resto de España.
En ese sentido, Cuixart admitió que en distintos puntos del proceso se desobedeció la legalidad española, pero no hasta un punto que justifique las acusaciones que afrontan los doce líderes catalanes que están siendo enjuiciados.
Más allá de sus valoraciones generales sobre el proceso independentista, el testimonio de Cuixart es relevante por su papel como convocante de las protestas del 20 de septiembre de 2017 frente a un edificio del Gobierno catalán que estaba siendo registrado por agentes de la Guardia Civil para intentar detener los preparativos del referéndum.
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Cuixart negó en todo momento haber presenciado ningún acto de violencia en aquella manifestación y aseguró que la convocatoria fue totalmente "pacífica".
"Las protestas del 20S fueron cívicas, pacíficas y serenas. Con un enfado y un descontento muy grande por lo que se estaba produciendo y se sigue produciendo en Cataluña, pero se canalizó sin uso de la violencia", declaró.
Tanto Cuixart como Forcadell afrontan una petición de 17 años de cárcel por parte de la Fiscalía por la presunta comisión de un delito de rebelión y una petición de 7 a 8 años de cárcel por parte de la Abogacía del Estado por un delito de sedición.
Tras el turno de Cuixart, declaró ante el tribunal Carme Forcadell, que sobre todo respondió preguntas relacionadas con la tramitación parlamentaria de distintas resoluciones y votaciones relacionadas con el proceso independentista.
En concreto, Forcadell admitió haber ignorado las advertencias del Tribunal Constitucional, que en distintas ocasiones le pidió detener cualquier trámite parlamentario relativo al proceso independentista.
"El Constitucional nos estaba pidiendo que fuésemos un órgano censor", afirmó Forcadell, que justificó su actuación afirmando que "la esencia de la democracia es que la palabra en el Parlamento tiene que ser libre" y que, por consiguiente, "no se puede permitir la censura en un parlamento.
En su opinión, el derecho de los parlamentarios a proponer cualquier tipo de debate debe prevalecer siempre y cuando no se propongan cuestiones que "vulneren los derechos humanos".
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En su ejercicio como presidenta de la institución, el Parlamento de Cataluña adoptó algunas decisiones muy polémicas, como la aprobación en un solo día de la ley que daba cobertura legal al referéndum o la aprobación de una resolución del 27 de octubre de 2017, que declaraba la independencia del territorio.
En su declaración, Forcadell dijo estar convencida de no haber incurrido en ninguna ilegalidad porque su actuación se limitó "a cumplir el reglamento de la cámara".
Además, al igual que el resto de los acusados, recordó que las referencias a Cataluña como un territorio independiente se encontraban en el preámbulo y no en la parte dispositiva de la resolución, por lo que la aprobación del texto fue un gesto político que no supuso la ruptura efectiva con España.
Tras la declaración de Forcadell, la última de las 12 personas acusadas en declarar ante el tribunal, este miércoles llegará el turno de los testigos, con la prueba testifical del expresidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, como principal punto de atención de la jornada.
