En la fachada de la Casa Rosada, una enorme gigantografía con la imagen de la niña cuelga de uno de los balcones principales. La cara es conocida para los argentinos, que se han sensibilizado y familiarizado con su historia a través de los medios y de las redes sociales. No es casual que esté ahí un 27 de febrero, Día Mundial del Trasplante.
El gesto, publicó la Presidencia argentina en sus redes, es un "homenaje a todos los donantes de órganos, a sus familias y a los profesionales de la salud" que han dado lo mejor de sí para salvar miles de vidas.
"Y también como un recordatorio para toda la sociedad de la importancia que tiene la donación de órganos y tejidos", agrega la Casa Rosada.
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En apenas un año, la situación de los trasplantes en el país mejoró exponencialmente gracias a la 'Ley Justina', una norma impulsada por la familia de la niña, que batalló contra viento y marea para que otras personas no tuvieran que pasar por la misma situación que ellos.
Justina sufría una cardiopatía congénita que empeoró en 2017. Con 12 años, Justina estaba en una sala de terapia intensiva en lugar de estar en la escuela. Pero de todos modos su sonrisa se dejaba ver en las fotos que circulaban en redes, con el pedido desesperado de los padres por un corazón que nunca llegó.
Antes de morir, dijo su padre en varios medios, expresó que estaba convencida de que había que ayudar a la mayor cantidad de gente posible. Así nació la campaña #MultiplicateX7, en referencia a las siete vidas que pueden salvar los órganos de una persona fallecida declarada donante.
El 22 de noviembre, Justina murió, debido a las complicaciones del estado de su corazón. Pero la concientización de la familia Lo Cane fue más allá de la búsqueda de una solución para la enfermedad de su hija: se volvió la cara visible de una situación que enfrentaban cientos de argentinos por año, a la espera ansiosa de que un día suene el teléfono y del otro lado alguien avise que se encontró un órgano compatible.
Hasta entonces, era donante en Argentina solo quien lo manifestara explícitamente. Las ocasiones para hacerlo eran, en general, en momentos delicados, como previos a las operaciones, o con las familias viviendo el trauma de la pérdida de un ser querido.
La familia Lo Cane comenzó a dar batalla para poner la legislación a la vanguardia y hacer que todos las personas en condiciones pudieran dar sus órganos una vez que fallecieran. Sistemas similares están vigentes en España —líder mundial en trasplantes— o Uruguay —primero en la materia a nivel latinoamericano—.
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A partir de este caso, la sociedad abrazó la causa. La polarización política que vive Argentina se hizo por un rato a un lado y se logró la aprobación unánime de la ley en el Congreso en julio de 2018, en ambas cámaras.
Sin embargo, a pesar de que la mayoría de la población se manifieste a favor del cambio legislativo, hay quienes han dejado expresa su voluntad de no dar sus órganos: son más de un millón en un país de 44 millones de personas. Algunas por motivos religiosos, pero en muchos otros persiste aún el mito y el miedo de que se dé a sus órganos un fin distinto al altruismo.
Pero, como muestra la historia de Justina, estos fantasmas se derriban con información, y lo saben las 7.597 personas en la lista de espera, la mayoría de ellas por un riñón.
