"Los expedientes de la Policía Federal y del antiguo Centro de Información y Seguridad Nacional [CISEN] que estaban resguardados y protegidos se van a poner a consideración de los ciudadanos, se van a abrir para que puedan tener accesos los investigadores, para fortalecimiento de nuestra memoria histórica", dijo el mandatario en conferencia de prensa.
"A partir de ahora, la única excepción de acceso será la información sobre niños y familiares que pueda afectar o dañar la dignidad de las personas", dijo el mandatario a periodistas en el Palacio Nacional, sede del Gobierno.
La información más sensible relacionada con el CISEN y la persecución política permanecía resguardada, incluso para el actual director general del Archivo General de la Nación.
La información clasificada sobre movimientos históricos, como las organizaciones estudiantiles de 1968 y otros movimientos posteriores, corresponde a "décadas de la historia nacional que vivimos bajo un régimen autoritario, que perseguía a los luchadores sociales y estigmatizaba a quienes no pensaban como lo decidía el régimen", expresó el mandatario.
Memoria del espionaje político
Por su parte, el subsecretario de Gobernación (Interior), Zoe Robledo, responsable de los archivos, dijo que los documentos comenzaron a guardarse desde 1929, después de la Revolución Mexicana, y contienen información de la desaparecida Dirección Federal de Seguridad, creada en 1948, que se convirtió en la Dirección General de Instituciones Políticas y Sociales.
A pesar de que en el año 2001, durante la administración de Vicente Fox (2000-2006), "se habló de una apertura de los archivos sobre movimientos políticos y sociales, en particular del movimiento estudiantil de 1968; solo se abrieron los archivos de la DFS y de las instituciones políticas y sociales, hasta 1985", explicó Robledo.
Asimismo, aquella apertura de archivos "no se cumplió a cabalidad, porque no se dio custodia y conservación sistemática, la información seguía siendo custodiada por el Cisen, que la entregaba y la filtraba con reservas y previamente testadas".
El acuerdo ejecutivo publicado en el Diario Oficial de la Federación autoriza ofrecer toda la información de instituciones gubernamentales, desde 1985 a la fecha.
"La información documenta violaciones a derechos humanos, persecuciones políticas, de movimientos y actos de corrupción de todo tipo, para hacer efectivo el derecho a la memoria", puntualizó el funcionario federal.
El director del Archivo General de la Nación, Carlos Ruiz Abreu, dijo a su turno que la institución implementará "una apertura ordenada, con digitalización, mediante un acuerdo que será publicado".
El funcionario que comenzó su gestión con el nuevo gobierno, desde diciembre pasado, dijo que encontró cajas con documentación que las autoridades anteriores no sabían su contenido.
Te puede interesar: La primera batalla perdida del Gobierno de AMLO
El trabajo de las nuevas autoridades "consistirá en ordenar, clasificar y describir la información, para que todos los interesados puedan acceder a toda la información", explicó Abreu.
El nuevo director del archivo fue investigador del Archivo General de la Nación durante 16 años, y estuvo a cargo del Archivo Histórico de la Ciudad de México, durante la administración de López Obrador como jefe de Gobierno del Distrito Federal (2000-2005).
El Archivo estará abierto al público sin restricción, a partir del 4 de marzo.
