"De manera pública y ante ustedes se reconoce la responsabilidad estatal por la conducta de autoridades del Gobierno de Veracruz, que ocasionó la desaparición forzada de los jóvenes en Tierra Blanca", dijo García al cumplir una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en el Museo de la Memoria y Tolerancia ante familiares, autoridades federales y defensores de víctimas de abusos.
García se dirigió a los padres, madres y familiares de los jóvenes y sostuvo que los jóvenes, a los que llamó por sus nombres de pila, "Bernardo, José, Mario, Susana y José Alfredo eran inocentes".
"Somos conscientes que su exigencia de justicia es la principal demanda y debe ser nuestra principal preocupación; este reconocimiento de responsabilidad es un paso más, pero no el último; trabajaremos para dar seguimiento a cada uno de los puntos de la recomendación de la CNDH", dijo el gobernador.
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El 11 de enero de 2016, los cinco jóvenes, cuatro hombres y una mujer, que habían viajado a celebrar un cumpleaños en el Puerto de Veracruz en las costas del Golfo de México, regresaban en una camioneta hacia la localidad de Playa Vicente en el mismo estado, de donde eran originarios.
Tras una parada en una estación de gasolina en Tierra Blanca, unos 100 kilómetros antes de su destino, fueron detenidos arbitrariamente por policías estatales, posteriormente desaparecidos y ejecutados, en complicidad con delincuentes del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), según las investigaciones.
Familiares piden justicia
A nombre de los familiares habló Carmen Garibo, madre de Susana Tapia, y aseguró que "buscar justicia no es ninguna necedad, es un acto de amor".
Los familiares "no queremos que nadie vuelva a vivir lo que vivimos, nosotros sabemos que en Veracruz miles de madres buscan a sus hijos y a sus hijas, nos duele mucho que sean tantas", prosiguió.
De las más de 40.000 personas desaparecidas en los últimos 12 años, más de 7.000 son buscadas en Veracruz.
La madre relató que en su peregrinar en busca de sus hijos "supimos con mucho dolor que nuestros hijos no eran los únicos y que la policía de Veracruz está tan corrupta que trabaja con el crimen organizado".
"Susana y sus amigos eran inocentes, eran jóvenes con su vida por delante y no merecían lo que les hicieron y eso es responsabilidad de las autoridades", expresó.
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Benitez exigió a las autoridades la finalización del caso, y expresó su esperanza porque "veo en las nuevas autoridades una disposición que no vimos anteriormente, tengo fe en que se resuelva el caso, no me van a devolver a mi hijo pero esperamos que se haga justicia", puntualizó.
La familia señala como responsable al extitular de la secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, Arturo Bermúdez, durante el mandato del gobernador Javier Duarte (2010-2016) encarcelado por multimillonario peculado.
Los imputados son ocho policías que se encuentran detenidos y 13 presuntos integrantes CJNG, la segunda organización criminal más poderosa de este país
Más de dos años después de la localización de los restos fragmentados en fosas clandestinas, en septiembre del año pasado 2018 las autoridades admitieron que los asesinos eran agentes del Estado, y ordenaron la aprehensión de los policías.
