Solo durante 2018 la delegatura para la protección al consumidor de Colombia recibió 10.500 denuncias. En diálogo con Sputnik Carolina Corcione, Superintendente Delegada para la protección del Consumidor de ese país, reveló que la mayoría de esas quejas estuvieron referidas "al sector turístico y a las grandes superficies" (supermercados). En ambos casos motivadas por la presencia de información y publicidad engañosa.
En el país cafetero hay dos mecanismos de denuncia. El primero, más general, en que el consumidor advierte a las autoridades que una determinada empresa viola derechos o actúa de forma indebida. El segundo, sobre un caso particular vivido, en el que el afectado pretende resarcimiento. En este caso la primera instancia es la notificación a la empresa implicada.
"Si la respuesta del empresario no es satisfactoria para el consumidor o el empresario no le responde, puede presentar una demanda ante un juez de la república o ante la delegatura de asuntos jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio", explicó.
Chile es un ejemplo, puesto que la normativa no obliga a las empresas a responder a los afectados ni siquiera con la nueva ley que dota de nuevas atribuciones al estatal Servicio Nacional al Consumidor (Sernac).
"Nosotros como asociación de consumidores consideramos que es una ley de maquillaje", opinó a Sputnik Héctor Poblete Gómez, Presidente de la Asociación de Protección al Consumidor de Antofagasta, Chile.
De acuerdo a su relato, hasta hace pocas semanas la institución solo tenía la potestad de intermediar pero no de tomar medidas, situación que cambió pero no tanto como esperaban.
"[La ley ] tiene el afán de no ser tan duros con las empresas. Incluso en algunos artículos dice que si acaso se llega a haber comprobado fehacientemente que las empresas abusaron de los consumidores, la autoridad tendrá la facultad de rebajar las multas que están establecidas", apuntó.
Según Poblete Gómez quien se desempeña en la asociación hace una década, los dos sectores que más abuso muestran son los bancos y las financieras, a los que se suman las telecomunicaciones con su servicio de internet y banda ancha. Servicios estos ampliamente criticados en toda Latinoamérica.