El magistrado, cuyo juzgado se encuentra en la localidad bonaerense de Dolores, “pidió la intervención de la Procelac (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos)”, comentaron fuentes judiciales a Sputnik.
Ramos Padilla no descartó “que los millonarios montos dinerarios que son objeto de estas maniobras financieras pudieran tener origen en algunas de las actividades ilícitas que ya se encuentran siendo investigadas”, dijo en su resolución en relación a que el origen del dinero provenga del narcotráfico.
El juez pidió por ello la colaboración de la Procelac para ayudar en esta investigación en la que indaga sobre supuestas maniobras de espionaje y extorsión en la que habrían intervenido fiscales, agentes de inteligencia, policías y periodistas en posición influyente.
En el caso fue procesado y arrestado en prisión preventiva el abogado Marcelo D’Alessio, quien fuera denunciado por uno de sus extorsionados, el empresario rural Pedro Etchebest, y que decía actuar en nombre de uno de los fiscales más importantes y poderosos del país, Carlos Stornelli, a cuyo cargo se encuentra la denominada causa "de los cuadernos".
El fiscal también fue imputado el 28 de febrero pasado por supuestamente formar parte de un entramado de espionaje ilegal, a raíz de su relación con D'Alessio, y posteriormente fue declarado en rebeldía al faltar a las cuatro citaciones indagatorias que ordenó el juez Ramos Padilla.
En el expediente también se encuentran procesados y detenidos los excomisarios de la provincia de Buenos Aires, Aníbal Degastaldi y Ricardo Bogoliuk, y otras dos personas identificadas por sus nombres de pila e iniciales de apellidos: “Pablo B. y Marcelo G”, supuestos agentes de inteligencia.
Grupo de Whatssap
Estas dos últimas personas compartían con Bogoliuk y D'Alessio un grupo de Whatsapp denominado “Buenos Aires”.
En marzo de 2018, este grupo habría obtenido “una licencia para efectuar operaciones offshore utilizando como base para ello una filial del Foreign Forance Bank en Anoujan, Islas Comores”, añadió el juez.
En los mensajes se detallan protocolos interbancarios de intercambio de archivos con firmas digitales de las órdenes bancarias, además de mencionarse normativas como SEPA (Single Euro Payments Area) “para la realización de transferencias bancarias transfronterizas en euros”.
“El objetivo de este grupo podría resultar ser la realización de movimientos de millonarios montos de dinero a nivel internacional mediante transacciones no registradas en el sistema bancario, con el fin de cobrar una comisión porcentual”, observó el juez en su resolución.
Ramos Padilla advierte que las conversaciones de este grupo revelan información sobre las operaciones, intermediarios intervinientes, información requerida y escollos con los que se encontraron sus integrantes, con las consiguientes “tensiones” generadas en el grupo “ante las demoras o sucesos inesperados”.
Los participantes de la organización ilícita recibirían finalmente 0,5% de lo lavado, una vez deducidos gastos y otras comisiones.
El propio D’Alessio reveló que “si sobre cada 100 millones a mí me deja medio millón de dólares es una pequeña fortuna en el corto plazo. Perdón por mi sinceridad”.
El Gobierno que preside Mauricio Mari impulsa un juicio político contra el juez en el Consejo de la Magistratura, órgano que supervisa la actuación de los jueces.
Más aquí: Fiscal argentino pide embargo millonario para involucrados en causa Odebrecht
Ramos Padilla es juez de Dolores desde 2011.
