"Amnistía Internacional exige al procurador general (Eduardo Casal) y a la Corte Suprema que se expidan inmediatamente sobre la situación de González Nieva", sostuvo la organización de derechos humanos en un comunicado.
Tras ser golpeado, fue extorsionado a cambio de no responsabilizarlo de un robo.
Como se negó a pagar el soborno, la policía bonaerense lo acusó de robo seguido de muerte, lo que llevó a que desde 2007 se encuentre encarcelado.
González Nieva, que tenía 56 años cuando fue arrestado, fue sentenciado en 2010 a 25 años de prisión, fallo que fue apelado.
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"Desde 2015 su causa se encuentra a estudio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, mientras González Nieva espera en prisión una resolución judicial para recuperar su libertad", informó Amnistía.
La Defensoría ante la Cámara de Casación provincial, máximo tribunal penal de esta jurisdicción, afirma que son irregulares las pruebas aportadas contra el hombre.
También el fiscal interviniente en el caso fue suspendido hace dos años por tratar de amedrentar a los imputados en sus causas.
Amnistía destacó que González Nieva ha obtenido nuevos elementos de prueba gracias al apoyo de la fundación Innocence Project Argentina que fortalecen la presunción de inocencia a la que tiene derecho.
"Por ejemplo, una de las coautoras ya condenada por el robo aseguró que él no había participado del hecho”, mientras que “el testigo que lo había identificado denunció haber sido presionado por la policía para culparlo", relató Amnistía.
"Tras 12 años de detención arbitraria, González Nieva no debe pasar ni un día más detenido sin condena", sostuvo Amnistía.
En Argentina la prisión preventiva es la principal medida cautelar que se aplica en el sistema procesal penal.
Seis de cada 10 presos en este país sudamericano no tienen sentencia firme, según la Procuración Penitenciaria Nacional, que advierte que la población en las cárceles federales llega a los 14.148 internos, cuando la capacidad de todos los establecimientos es para 12.235 personas.
