"Satisfacción es la palabra que define cómo mis clientes han recibido esta noticia", dijo Utrera Molina en declaraciones a la televisión pública española.
Este 4 de junio, el Tribunal Supremo decidió suspender los trámites para la exhumación del dictador, que estaba prevista para el próximo 10 de junio.
En concreto, el Tribunal Supremo argumenta que la suspensión cautelar de la exhumación se hace para evitar el perjuicio que se podría producir tanto a la familia como a los intereses públicos en el caso de que se aceptaran los recursos una vez trasladados los restos.
En opinión del abogado de la familia Franco, la suspensión cautelar "pone en su sitio al Gobierno", al que acusa de actuar lejos del "rigor jurídico" llevado por su "motivaciones políticas"
"El Gobierno entendía en que no había ningún problema en llevar el cadáver de Francisco Franco de un lado para otro como si fuese un mueble más", señaló el abogado.
El Gobierno de España reaccionó a la suspensión subrayando que su carácter es cautelar y manifestando su convicción de que, cuando el Tribunal Supremo resuelva sobre el fondo de lo asunto, lo hará en favor de la exhumación.
El recurso presentado por la familia considera que la modificación de la Ley de Memoria Histórica llevada a cabo por el Gobierno para la exhumación de Franco es "radicalmente inconstitucional".
Además, sostiene que la actuación gubernamental "vulnera la legalidad ordinaria" por una presunta falta de autoridad del Ejecutivo para acordar la exhumación de Franco de la Basílica del Valle de los Caídos –donde está enterrado con honores desde 1975– sin autorización eclesiástica.
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Finalmente, los recursos de la familia también se pronuncian contra la decisión del Gobierno de trasladar los restos de Franco a la cripta donde está enterrada su esposa, en el madrileño cementerio de Mingorrubio.
La elección de Mingorrubio se realizó después de que la familia de Franco se negara a aceptar la exhumación del dictador y propusiera como única opción para una posible inhumación la Catedral de la Almudena, un destino rechazado por el Gobierno al considerar que el emblemático templo madrileño se convertiría en un lugar de exaltación de su figura, lo que supondría un incumplimiento de la Ley de Memoria Histórica.
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