"Concédase amplia amnistía a todas las personas que han participado en los sucesos acaecidos en todo el territorio nacional a partir del 18 de abril de 2018 hasta la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley", señala el primer artículo de la normativa, publicada en la web oficial del Congreso nicaragüense.
Según el texto, la amnistía abarca incluso a quienes aún son investigados o cumplen sentencias, por lo que las autoridades deberán cerrar los procesos administrativos y penales iniciados, los reos serán liberados y se cancelarán los antecedentes penales de las personas beneficiadas.
El proyecto de ley, presentado en la sala de sesiones de la Asamblea, dedica sendos artículos a los delitos políticos y comunes conexos, y a quienes reincidan en los ilícitos cometidos les será revocado el indulto.
"Las leyes de Amnistía han sido instrumentos jurídicos que han buscado abonar a la reconciliación de las sociedades, establecer estabilidad y avanzar en la construcción de una paz firme y duradera", argumentó la bancada oficialista en el texto.
La opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia reiteró su renuencia al diálogo hasta la total liberación de lo que consideran "presos políticos".
"Este Ley de Amnistía constituye un obstáculo para un verdadero proceso de justicia transicional en Nicaragua, a la investigación de los crímenes de lesa humanidad cometidos en este contexto y generaría impunidad", advirtió en un comunicado el grupo dedicado a la defensa de derechos humanos y constitucionales.
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Una Mesa de Negociación instalada a inicios de marzo entre el Gobierno y la Alianza acordó en abril pasado la excarcelación en menos de 90 días de todos los opositores detenidos en el marco de las protestas antigubernamentales de 2018, y para ello solicitaron y tuvieron el acompañamiento del Comité Internacional de la Cruz Roja.
Nicaragua vive una crisis política desde mediados de abril de 2018, cuando una reforma al sistema del Seguro Social desató violentas protestas contra la administración del presidente Daniel Ortega, acompañadas por actos que el Gobierno tildó de "terroristas".
Entonces fue convocado un diálogo nacional auspiciado por la Iglesia Católica, que se suspendió dos meses después.
Las negociaciones se retomaron este año y el Gobierno dijo el 9 de abril que mantenía reuniones informales con los delegados de la Alianza, tras culminar oficialmente el diálogo a principios de mes sin alcanzar consenso en puntos medulares de su agenda.
El nuncio apostólico Waldemar Sommertag y el enviado especial de la OEA, Luis Ángel Rosadilla, actúan como testigos y acompañantes internacionales de las negociaciones entre el Gobierno y la Alianza para superar la crisis.
