"No estamos siendo atendidos, hemos pedido una reunión con el presidente [Evo Morales], pero no hay respuestas, la única respuesta fue el atropello de la Policía en su afán de querer desbloquear [la carretera] en Cuatro Cañadas", dijo Félix Martínez, dirigente campesino y líder cívico regional, citado por la edición online del diario local El Deber.
Explicó que el paro fue declarado en respuesta a una violenta intervención policial del 12 de junio, que no logró poner fin a los bloqueos en la vía que comunica a los departamentos orientales de Santa Cruz y Beni.
El bastión del MAS, San Julián declara paro cívico en apoyo a pequeños productores soyeros pic.twitter.com/SCuWdjAtPq
— Money Bolivia (@MoneyBolivia) June 13, 2019
Según el reporte del líder regional a El Deber, el paro cívico de 24 horas se cumplía "totalmente" en el municipio de San Julián, vecino al Cuatro Cañadas, donde se mantenían los principales bloqueos carreteros.
Martínez añadió que los productores movilizados en Santa Cruz, la mayoría microempresarios campesinos, exigen que las aceiteras les paguen 300 dólares la tonelada, un 30% más que el precio interno actual de 230 dólares.
Los campesinos arguyen que el precio vigente hace insostenible la producción de soja, que en el último año enfrentó dificultades por una combinación de sequías e inundaciones, y pidieron la intervención del Gobierno y del mismo Morales para resolver el conflicto.
"Los hermanos productores de soja están haciendo problemas en Santa Cruz, pero el precio de la soja depende del precio internacional, y cuando EEUU y China pelean la soja baja, nos afecta a todos", arguyó el gobernante.
Horas antes, el ministro de Desarrollo Rural, César Cocarico, dijo que el Gobierno no intervenía en el conflicto porque se trataba de "un asunto de precios entre privados".
La empresarial Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) dijo que apoyaba a los productores movilizados aunque no fijó posición sobre el precio interno de la soja.
El presidente de la CAO, Reinaldo Díaz, declaró al mismo diario que el conflicto se habría evitado si el Gobierno autorizara hace dos años el uso de nuevas semillas modificadas y liberaba las exportaciones de soja.
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El Gobierno ha autorizado hace dos meses la introducción de una nueva variedad de soja, resistente al "estrés hídrico", solo con destino a la producción de grano para la fabricación de biodiesel.
