"Al igual que la imposición de aranceles [al comercio con México] por una emergencia nacional, Estados Unidos podría determinar que los resultados no rindieron frutos", dice el documento de unas 800 palabras y cinco apartados, firmado por el consultor jurídico adjunto de la cancillería, Alejandro Celorio Alcántara, y su homólogo del Departamento de Estado, Marik String, compartido por la oficina de Ebrard con la prensa extranjera acreditada.
El documento adicional cuyo contenido se desconocía hasta el 14 de junio, define "los plazos en los que se verificaría la efectividad de las propuestas planteadas para reducir el flujo de migrantes".
Para equilibrar la posición estadounidense, los abogados coincidieron en la fórmula de que esa anuencia mexicana será tomada "a su discreción y después de consultarlo".
En el procedimiento que seguirá la implementación de las acciones plasmadas en la declaración conjunta del 7 de junio, se destacan dos puntos, indica el numeral cinco del "acuerdo suplementario" entregado al Congreso durante la comparecencia de Ebrard ante los senadores para explicar la negociación.
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El primer punto es que "no existían durante las negociaciones condiciones para determinar cómo medir el resultado satisfactorio de las acciones propuestas".
Entre las razones para no publicar antes el documento firmado, al mismo tiempo que la declaración conjunta, se señala que "los detalles del acuerdo fueron dados a conocer a la opinión pública" y la totalidad de su contenido fue referida en un informe al Senado.
Si bien el documento se denomina "acuerdo suplementario", la Secretaría de Relaciones Exteriores de México señala que "no se trata de un acuerdo bilateral vinculante, sino de un documento accesorio a la declaración conjunta entre los gobiernos".
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Además, esa declaración conjunta del 7 de junio "no es un acuerdo o un tratado bilateral, sino solo la expresión de la voluntad política de las dos delegaciones para comprometerse a ciertas acciones".
Compromiso "político", no jurídico
El documento comienza por definir, en primer lugar, que la obligatoriedad de cumplir con esa declaración "existe únicamente en la esfera política".
Los juristas también dejan abierta la oportunidad de tener futuras discusiones para establecer los "términos definitivos" de lo que serían sus posiciones en la negociación de un posible "acuerdo bilateral vinculante".
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El segundo de los cinco puntos establece que un nuevo acuerdo de esa naturaleza buscaría el "reparto de la carga" migratoria y la asignación de responsabilidades para procesar las solicitudes de refugio.
EEUU plantea suscribir un acuerdo por el que "la totalidad de las personas que llegan a su territorio por México para solicitar asilo, sean retornados" a este país latinoamericano para pedir asilo directamente ante las autoridades mexicanas.
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Ese mecanismo, que imposibilitaría a esas personas solicitar asilo en EEUU, lo ha definido la Casa Blanca en otras declaraciones oficiales como de "tercer país seguro", similar al rol que juega Turquía en un acuerdo con la Unión Europea para contener a migrantes de otras regiones.
El tercer numeral indica que los abogados de México y EEUU estuvieron de acuerdo en que, "como mínimo, un potencial acuerdo tendría que contener el compromiso de cada parte de aceptar el retorno y procesamiento de solicitudes de asilo".
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Finalmente, contiene los argumentos de la delegación mexicana de que un "acuerdo de reparto de carga" deba ser aprobado por el Senado de México.
Entre esas acciones está el despliegue de 6.000 efectivos de la nueva Guardia Nacional en la frontera sur para controlar y ordenar la entrada de centroamericanos.
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El canciller Ebrard afirmó que el despliegue total de la Guardia Nacional, integrada por policías militares, navales y federales "se completará el martes próximo, con esfuerzos para acelerar el paso".
