"No solo por su tono de voz, por sus expresiones y gestos han manifestado irrespeto a las víctimas presentes", advirtió el abogado acusador David Morales tras un exabrupto de uno de los acusados, el general Juan Rafael Bustillo, excomandante de la Fuerza Aérea.
Bustillo calificó el proceso de "un circo", insinuó que hay una parcialización en contra de los 17 militares intimados por la Corte de San Francisco Gotera, departamento de Morazán, y dejó entrever que los acusadores solo buscan "pisto" (dinero).
Según Pérez, algunos acusados afirmaron estar tristes por la acusación, e insistieron en que la Fuerza Armada solo cumplía su papel constitucional durante el conflicto armado (1980-1992).
En la notificación de los cargos estuvieron sobrevivientes y familias de las víctimas de la masacre perpetrada del 10 al 12 de diciembre de 1981 en el cantón de El Mozote, en la cual fueron asesinados cerca de mil civiles, la mayoría ancianos, mujeres y niños.
El abogado Ovidio Mauricio, de la asociación civil Tutela Legal María Julia Hernández, adelantó que el juzgado recibió los dictámenes de peritos en materia militar, histórico-documental y antropología social que avalan la evidencia sobre la participación de la cadena de mando militar en la consumación de la masacre.
La investigación del Mozote fue reabierta después de que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia derogara en 2016 la Ley de Amnistía General suscrita en 1993, tras la firma un año antes de los Acuerdos de Paz que pusieron fin al conflicto armado.
La Comisión de la Verdad de Naciones Unidas señaló en un informe de 1993 a los coroneles Domingo Monterrosa y Armando Azmitia como los responsables directos de la masacre, pero ambos murieron el 23 de octubre de 1984 en un atentado de las fuerzas guerrilleras.
La Comisión de la Verdad de la ONU reflejó que la mayoría de las violaciones de derechos humanos durante el conflicto fueron perpetradas por el Ejército y la extinta Guardia Nacional, así como por los llamados Escuadrones de la Muerte.
Las organizaciones que integran la Mesa contra la Impunidad en El Salvador reclamaron al presidente de la República, Nayib Bukele, que en su condición de Comandante en Jefe del Ejército ordena la total apertura de los archivos militares y la reconstrucción de los que fueron destruidos.