"Los juicios que hay en mi contra pretenden impedir que vuelva al país y una posible participación mía en las elecciones. Ellos saben que en las encuestas estamos muy bien. No subestimemos el odio. Hay gente que vive por el odio y yo sostengo que es un sentimiento más fuerte que el amor. Hay gente que vive para odiarme", dijo Correa desde Bruselas, la ciudad donde reside desde que dejó la presidencia.
La jueza Daniella Camacho decidirá si acepta el pedido de la Fiscalía.
El expresidente ecuatoriano dijo que pretende ser candidato a vicepresidente o a ocupar una banca en la Asamblea Nacional (parlamento unicameral) en las próximas elecciones de 2021.
"La idea es que yo corra para vicepresidente o asambleísta. Ganamos la elección, si lo permite el pueblo ecuatoriano, y desde la vicepresidencia organizaremos una Asamblea Nacional Constituyente para recuperar la patria", afirmó el expresidente.
Correa dijo a esta agencia que, al no tener sentencias firmes, sus derechos como ciudadano "están absolutamente íntegros".
"Puedo correr a la candidatura que quiero, excepto a presidente. Pero como saben que los venceré, están buscando cualquier pretexto para no dejarme participar", agregó.
Correa sostuvo que estos juicios son impulsados por un movimiento que él denomina "anticorreísmo", conformado por periodistas y algunos políticos "frustrados".
"Entre ellos hay muchos periodistas y otros políticos frustrados porque en 10 años les ganamos todo. Hay mucho odio y temor. Saben que cualquier elección se la vamos a ganar si yo puedo regresar al país. Entonces su misión es impedir mi regreso", dijo.
Fondo solidario
La fiscal Diana Salazar presentó a la jueza Camacho 11 elementos de prueba sobre el papel de Correa en la llamada "trama de sobornos", informó el diario La Hora.
La Fiscalía considera que están tipificados los delitos de cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias para financiar de forma irregular a Alianza País, por entonces encabezada por Correa.
Salazar acusa a Correa de ser el "líder de una organización delictiva" que autorizaba pagos y supervisaba los sobornos que entregaban las empresas para beneficiarse de contratos con el Estado.
"Cada día ellos se superan inventando cualquier tontería. Tengo una orden de arresto que nadie ha hecho caso a nivel internacional. Interpol rechazó el pedido de forma humillante de poner alerta roja. En cuanto a este caso, la gran prueba para incriminarme fue un depósito de 15 millones de dólares que supuestamente habíamos recibido de sobornos", se defendió el exmandatario.
"Tengo todos los recibos; al préstamo lo pagué en 12 cuotas hasta agosto de 2015 (...) La gente del gabinete integraba ese fondo, y algunos colaboradores cercanos.; contribuimos fuerte, yo, desde el primer día del Gobierno contribuía de forma intermitente, pero aportaba 380 dólares por mes; en total habré aportado a ese fondo unos 40.000 dólares", aseveró.
El "Fondo de Solidaridad" era "absolutamente privado" y su objetivo era destinar recursos a personas vulnerables, como una madre que pedía dinero para que su hijo pudiera operarse en el exterior o para una viuda de un "militar heroico", según Correa.
"También era para nuestros compañeros que perdían el trabajo (...) lo cierto es que no existen sobornos; no van a encontrar prueba alguna contra mí", sostuvo.
El expresidente asegura que las acusaciones son resultado de "un trabajo de inteligencia; el 80% de lo que están informando es falso y el 20% es una mezcla malévola de cosas reales con cosas falsas".
El expresidente se declaró víctima del "lawfare", o guerra jurídica, y que las acusaciones que se esgrimen contra él muy similares a las de la expresidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015) y al también exmandatario brasileño Luiz Inácio Lula Da Silva (2003-2011).
El caso conocido como "Sobornos 2012-2016" incluye varias investigaciones penales sobre presuntos sobornos de varias empresas, incluida la constructora Odebrecht, al movimiento Alianza País.
El 4 de febrero de 2018, la ciudadanía ecuatoriana aprobó por más de 64% de los votos que "todas las autoridades de elección popular puedan ser reelectas por una sola vez para el mismo cargo", en una consulta popular que incluyó otras seis preguntas, todas aprobadas por abrumadora mayoría.
El resultado de la consulta promovida por el presidente Lenín Moreno puso fin a la reelección indefinida, consagrada en una enmienda constitucional en 2015, cuando gobernaba Correa.
Correa dijo a Sputnik que la consulta popular de Moreno fue "manipulada", e ironizó diciendo que en la pregunta número 2 solo faltaba que pusieran "su foto y su cédula de identidad".
"Era totalmente dirigida para mí y por eso gastaron 60 millones (de dólares), prohibiendo la reelección, pero incluso lo hicieron de forma retroactiva. Eso no existe. La ley es para el futuro, no para el pasado. Para inhabilitarme a mí dijeron que esto es válido desde el 2008, porque si era válido desde el 2018 para adelante podía presentarme todavía dos veces", agregó.
Vida personal
Correa, al finalizar su mandato, se mudó a Bélgica y actualmente es prófugo de la justicia ecuatoriana por el caso del supuesto secuestro.
"Dije que iba a residir en Bélgica en forma indefinida y que me iba a retirar al menos temporalmente de la política o de forma definitiva. Yo estaba cansado, le debía a mi familia años de paz. Mi esposa es belga, y le debía residir en Europa. Mis dos hijas ya estaban estudiando y residiendo en ese continente. Pero no me he podido retirar frente a los ataques del Gobierno" de Moreno, agregó.
Corea afirmó que tuvo que defender su reputación, el "legado" de su Gobierno y la "patria".
"Si para defender la patria tengo que volver, volveré, les ganaré las elecciones, haré una Asamblea Constituyente, recuperaré la patria, porque se han apoderado de todas las instancias del Estado y cumplida esa misión regresaré a Bélgica. Yo no tengo ninguna intención personal. Mi vida por los próximos años está en Bélgica, junto con mi familia", agregó.
Acusaciones a Moreno
Correa acusó al presidente Moreno de liderar un Gobierno autoritario que viola los derechos humanos.
"Tenemos una dictadura en Ecuador que está atentado contra los derechos, hay presos políticos como el exvicepresidente Jorge Glas, sin que le hayan encontrado un centavo mal habido, sigue la persecución al excanciller Ricardo Patiño por un discurso que dio en un local cerrado ni siquiera abierto al público", denunció.
El exmandatario lamentó que, "frente a esos atropellos a los derechos humanos, el mundo calla".
El 22 de mayo, la Justicia ecuatoriana ratificó la prisión preventiva a Glas por el presunto delito de peculado en el marco de la adjudicación del pozo petrolero Singue.
En 2017, Glas fue condenado a seis años de prisión por el delito de asociación ilícita en el caso de los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.
Por su parte, Patiño fue llamado a juicio el lunes por el supuesto delito de instigación a la violencia contra el Estado en un discurso político que pronunció el 28 de octubre de 2018 en Latacunga (centro).
"Vamos a prepararnos para la represión, tenemos que tomarnos las instituciones públicas, tenemos que cerrar los caminos, tenemos que acompañar a nuestro pueblo", dijo en un pasaje de su discurso Patiño, canciller en parte del Gobierno de Correa.
Asimismo, Moreno se ha apartado de la línea ideológica del "Socialismo del Siglo XXI" que impulsaba Correa.
Moreno dijo el 2 de marzo que "Latinoamérica está en camino de salir del abismo en el cual está como consecuencia del "Socialismo del Siglo XXI".
Rafael Correa negó que su Instituto de Pensamiento Político y Económico Eloy Alfaro (IPPE), disuelto el mes pasado por el Gobierno de Lenín Moreno, fuera financiado por Venezuela para desestabilizar a Ecuador.
"El instituto es una fundación que tiene el fin de propagar el pensamiento progresista y defender el legado de la revolución ciudadana; por supuesto que no fue financiado por Venezuela para desestabilizar a Ecuador", dijo Correa.
Moreno había denunciado en marzo, durante un encuentro de presidentes de América del Sur en Chile, presuntos intentos desestabilizadores contra Ecuador concebidos por Correa y por el presidente venezolano Nicolás Maduro por medio del IPPE.
El mandatario ecuatoriano detalló en esa oportunidad que en agosto de 2018 el IPPE recibió una transferencia de 281.000 dólares desde el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES) para "alimentar cuentas personales de exfuncionarios".
"Habría dineros oscuros de ellos dos (Correa y Maduro) para favorecer a candidatos del mal llamado 'socialismo del siglo XXI'. Eso, en mi país, se considera como delito de peculado. No sé cómo se lo llame en Venezuela", concluyó Moreno.
"Sin embargo, Moreno por un lado dice que hemos robado 70.000 millones de dólares y por otro lado dice que necesitábamos que nos dieran 200.000 dólares para desestabilizar al Gobierno; es ridículo", agregó.
Las autoridades "saben que me pagan unos honorarios como presidente y lo que quieren es cortarnos nuestras fuentes de sustento para que no podamos siquiera pagarnos un abogado que nos defienda", denunció.
