"No queremos un Brexit sin acuerdo. Creemos que es malo para Gibraltar. Sin embargo, ahora estamos listos para ello", señaló Picardo en una declaración emitida este 18 de agosto.
Sobre los informes mediáticos de que Gibraltar no está preparado lo suficientemente, aseguró que son datos anticuados y que los planes de contingencia se han "tratado de forma responsable" y "en detalle".
"Nos hemos ocupado de todos los problemas relacionados con el flujo de mercancías, alimentos, residuos, medicamentos y el flujo de personas y vehículos a través de la frontera", subrayó.
También están aprobadas todas las leyes necesarias, "excepto una ley relacionada con los acuerdos internacionales, según Picardo.
"Hemos acordado con el Reino Unido que aún no debemos aprobarla, por razones logísticas", aclaró.
El primer ministro británico, Boris Johnson, había manifestado en varias ocasiones su determinación de respetar la nueva fecha del Brexit —el 31 de octubre— con o sin un acuerdo con Bruselas.
Este territorio cayó bajo dominio británico en el año 1704 en el contexto de la Guerra de Sucesión española y finalmente, España reconoció la potestad de la corona británica sobre la ciudad y el puerto de Gibraltar en el Tratado de Utretch, firmado en 1713.
Según consta en los documentos del Ministerio de Exteriores en los que se fija la posición de Madrid, España ve a Gibraltar como un "vestigio colonial" que "destruye la integridad territorial" del país.
Además, España considera que el Reino Unido incumple sistemáticamente el Tratado de Utrecht, que cedía a la corona británica "la ciudad y el castillo de Gibraltar junto con su puerto, defensas y fortalezas que le pertenecen".
En la Declaración de Lisboa de 1980, ambos Gobiernos se comprometieron a resolver el problema de Gibraltar en un espíritu de amistad y de acuerdo con las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas, aunque el contencioso sigue sin ser resuelto.
En los últimos meses España aprovechó la coyuntura del Brexit para conseguir reconocimientos como la definición de colonia o como la adquisición de un derecho de veto sobre cualquier acuerdo futuro entre la Unión Europea y el Reino Unido cuya aplicación afecte a Gibraltar.