"Amparado en las disposiciones constitucionales y legales se ha decidido la creación de esta comisión especial (…) Se va a realizar una investigación defensorial sobre el tema de las violaciones de derechos humanos que se hayan cometido o que se hayan presentado en los contextos de las protestas sociales", dijo este 16 de octubre el Defensor del Pueblo, Freddy Carrión, en una conferencia de prensa en Quito.
Según el funcionario, en ciertos episodios se evidencia que hubo excesivo uso de fuerza por parte de la Policía Nacional.
Carrión añadió que dicha comisión, durante 90 días, investigará y recibirá denuncias sobre los casos de personas aprehendidas, heridas y fallecidas durante las protestas y sobre posibles violaciones a derechos humanos, así como los hechos de violencia, actos delictivos y vandálicos que se cometieron.
En el caso de los actos violentos, delictivos y vandálicos se buscará establecer responsabilidades para que las instituciones judiciales inicien los respectivos procesos de juzgamiento y sanción.
De acuerdo con el último informe de la Defensoría Pública, las protestas dejaron un saldo de ocho muertos, 1.340 personas heridas y 1.192 personas aprehendidas, de las cuales el 76% recuperó su libertad de forma inmediata, sin ningún tipo de cargo.
El número de heridos podría incrementarse pues no se dispone de datos de personas atendidas en las universidades que actuaron como centros de paz, dijo Carrión.
El funcionario añadió que la Defensoría no estableció la causa o razón de los fallecimientos.
Las protestas concluyeron en Ecuador en la noche del 13 de octubre tras intensas negociaciones entre el gobierno y líderes de movimientos indígenas, como producto de lo cual el lunes el presidente Moreno derogó el decreto con el que eliminó el subsidio a los combustibles.
Al momento representantes del Gobierno y de movimientos sociales, sobre todo del principal movimiento indígena del país, la Confederación de Nacionalidades Indígenas, trabajan en la búsqueda de un mecanismo que permita que el subsidio se dirija a quienes lo necesiten y no a los sectores de mayores recursos o a quienes trafican el combustible barato para venderlo en Colombia o Perú.