El Gobierno de facto de Bolivia presentó una demanda penal contra Morales y su ministro Juan Ramón Quintana, a los que acusa de los delitos de sedición y terrorismo.
También se dispone que las mencionadas personas y su entorno familiar cercano serán protegidas por los órganos de seguridad y las Fuerzas Armadas de Bolivia.
Asimismo se promete indemnizar a los familiares de los muertos, garantizar asistencia médica a los heridos y solicitar al Ministerio Público y al Órgano Judicial la liberación de los detenidos.
La gobernante de facto de Bolivia, Jeanine Áñez, rechazó el proyecto de ley.
"Mi decisión es clara y firme: No voy a promulgar esa Ley", tuiteó Áñez.
Quiero denunciar ante el país que parlamentarios del Movimiento al Socialismo tienen la intención de aprobar una ley para favorecer a quienes han cometido delitos y ahora pretenden obtener impunidad.
— Jeanine Añez Chavez (@JeanineAnez) November 23, 2019
Mi decisión es clara y firme: No voy a promulgar esa Ley. pic.twitter.com/s52nY8S5bS
El Senado suspendió el tratamiento del proyecto de la ley.
"Todos debemos responder ante la ley por igual y no puede haber impunidad para nadie", comentó en un tuit el senador Óscar Ortiz Antelo.
En tanto la Cámara alta de Bolivia aprobó una ley que abre la puerta a nuevos comicios pero Morales y García Linera no podrán participar en ellos conforme a un acuerdo para superar la crisis política que vive el país.
Tras la partida de Morales hacia el exilio en México, que le otorgó asilo, la senadora Jeanine Áñez se autoproclamó presidenta sin pasar por los procedimientos legislativos previstos en unas sesiones del parlamento que no tenían el quórum requerido.
La investidura de facto de Áñez fue avalada por el Tribunal Constitucional.
