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Colombia, otra vez paralizada contra el Gobierno de Duque

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El paro nacional de este miércoles 27, convocado por trabajadores y estudiantes, entre otras medidas exigió el desmantelamiento del Escuadrón Móvil Antidisturbios, luego de siete días de protestas y de represión. En Órbita conversó con Raúl Hernández Fernández, integrante la Central Única de Trabajadores de Colombia (CUT).

Cientos de personas en Bogotá, Cali, Medellín y otras ciudades marcharon en apoyo al paro nacional, que se viene realizando desde el pasado jueves 21 de noviembre

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En esta ocasión, los universitarios también se movilizaron para repudiar la muerte de Dilan Cruz, tras resultar herido el sábado pasado por un elemento metálico disparado por efectivos del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).

El fallecimiento del estudiante de 18 años provocó una inflexión en las negociaciones con el Gobierno de Iván Duque y derivó en la huelga. 

"Las marchas son para reiterar el inconformismo y rechazo a la políticas económicas nefastas de este Gobierno, consecuencia de un modelo neoliberal impuesto hace ya tres décadas en Colombia", dijo a En Órbita Raúl Hernández Fernández, integrante la Central Única de Trabajadores de Colombia (CUT). 

Tras la fallida reunión del martes 26 entre Gobierno y sindicatos, las centrales aseguraron que están abiertas al diálogo con el presidente. 

Frente a esta política económica que "ha ido globalizando la pobreza, nos ha tocado globalizar la protesta", comentó Hernández.

El Departamento de Derechos Humanos de la CUT, junto a varias organizaciones sociales de Bogotá, denunciaron en un informe reiterados actos de violencia.

"Se registran 136 desaparecidos, que no se sabe dónde están. Eso los medios de comunicación, funcionales al sistema, no lo registran. Hay 831 detenidos, 125 heridos y cuatro muertos, incluido Dilan Cruz. Es un panorama desolador que obedece a la indiferencia del Gobierno en no garantizar los derechos a la protesta o el fundamental a la vida", expresó Hernández Fernández. 

Tanto la Organización de las Naciones Unidas como Human Rights Watch exigieron a la Fiscalía una investigación profunda que depure las responsabilidades. 

El integrante de la Central Única de Trabajadores de Colombia criticó asimismo la represión estatal, y apuntó sus comentarios hacia la Esmad. 

"Desde que fue creado este escuadrón salvaje se ha pedido en ocasiones que sea desarticulado porque son los mayores provocadores y atropelladores de la manifestación pública", expresó Hernández Fernández. 

Violencia y represión en Chile; tensión entre EEUU y México por cárteles 

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El presidente Sebastián Piñera pidió al Congreso que apruebe los proyectos de ley para aumentar las sanciones contra encapuchados, quienes hagan barricadas o saqueen locales comerciales. 

"La violencia está causando un daño que puede ser irreparable (…) está destruyendo sueños y proyectos de vida", expresó este miércoles 27 desde el Palacio de La Moneda.

Luego de conocerse el informe de la ONG Human Rights Watch y de confirmarse que Gustavo Gatica, un joven de 21 años, perdiera la visión total por un ataque de Carabineros, en la madrugada del miércoles 27 hubo un estallido violento en varias comunas.

"El hecho generó una ola de violencia diferente al inicio de las manifestaciones, aquella más cercana a lo que se conoce como desobediencia civil. Esto giró hacia violencia delictual oportunista, lo que es muy grave, sin motivos políticos, y que pone a todos una espada enfrente", dijo a En Órbita el analista político Daniel Grimaldi.

Human Rights Watch presentó un informe al Ejecutivo donde señala que la policía militarizada incurrió en cientos de violaciones de derechos humanos durante más de un mes de comenzadas las protestas antigubernamentales. Golpizas, abusos sexuales y el uso indiscriminado e indebido de armas y escopetas antidisturbios conforman algunas de las situaciones denunciadas.

El Gobierno aceptó la sugerencia de la reforma policial pero destacó que no se hace referencia a una política sistemática. 

En otro orden, Donald Trump afirmó que designará a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. El presidente estadounidense dijo que desde hace tres meses trabaja en esta medida. 

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El presidente Andrés Manuel López Obrador opinó brevemente sobre la situación, aunque envió un mensaje directo a Washington: “Cooperación sí, intervencionismo no". 

La medida estadounidense favorecería el uso de la fuerza contra los grupos criminales en territorio mexicano e incluso podría impulsar una incursión militar. Además, las instituciones financieras que detecten tener fondos ligados a esos grupos deberán bloquearlos y alertar al Departamento del Tesoro.

Trump asimismo se refirió al diálogo que ha mantenido con López Obrador respecto al combate a los cárteles.

"Le he pedido que nos deje entrar y limpiar la zona. Ha rechazado la oferta por el momento. En algún momento tendrá que hacerse", manifestó.

Estas y más noticias en En Órbita. Pueden escucharnos todos los días a las 19 hs de México, las 21 hs de Uruguay y las 0 GMT.

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