"Indigna que este tipo de crímenes pasen en el más absoluto silencio e incluso haya quien los justifique: pareciera que desde las instituciones hay un miedo a ser atacados por sectores homofóbicos de la sociedad", comentó a Sputnik Ríos, redactora de las reformas de 2015 al Código Penal para agravar las condenas a los delitos motivados por el odio.
Cuatro mujeres trans fueron asesinadas el mes pasado, y sus cuerpos abandonados con señales de ensañamiento, sin que hasta el momento se conozcan avances en las investigaciones para dar con los responsables.
Una delegación de la CIDH, que realiza su primera visita a El Salvador en 32 años, constató en sus reuniones con organizaciones sociales y ciudadanas múltiples vulneraciones de los derechos humanos que persisten 27 años después de la firma de los Acuerdos de Paz que pusieron fin al conflicto armado (1980-1992).
Ríos lamentó que la Fiscalía General de la República y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos guarden silencio respecto de los crímenes contra un sector específico de la sociedad, o que desde el Gobierno solo salgan "comunicados bastante tibios".
"¿Dónde están los que vinieron a gobernar para todos?", cuestionó Ríos, en alusión al discurso que sostuvo durante su campaña electoral el actual presidente Nayib Bukele, quien disolvió apenas asumió su cargo la Secretaría de Inclusión Social, que atendía las demandas de la comunidad LGTBI.
La activista también criticó el nulo uso que se da a las reformas al Código Penal, que estipulan penas de entre 30 y 50 años de cárcel contra quienes cometan homicidio o amenazas motivadas por odio o intolerancia a la expresión de género u orientación sexual.
"En noviembre fueron asesinadas con lujo de barbarie varias mujeres trans y a nadie pareció importarle, pero si hubieran secuestrado, torturado y asesinado a un heterosexual famoso, todos hubieran salido a pronunciarse y a reclamar justicia", señaló Ríos.
Datos de la Federación Salvadoreña de personas LGTBI indican que en los tres últimos años se cometieron al menos 20 asesinatos de mujeres trans de entre 16 y 32 años, y se registraron al menos 151 casos de desplazamiento forzado de personas por su orientación sexual o identidad de género.