El Gobierno de México "expresa su profunda preocupación por la presencia excesiva de personal de servicios de inteligencia y de seguridad bolivianos que vigilan tanto la Residencia como la Embajada de México ante el Estado Plurinacional de Bolivia, desde el pasado 11 de noviembre", dijo en un comunicado la Cancillería.
Una veintena de personas se refugiaron en la Embajada mexicana en La Paz, Bolivia, para solicitar asilo político, luego de que el expresidente Evo Morales renunció el 10 de noviembre pasado y partió asilado a México dos días después.
La convención establece que los locales de la misión son inviolables, y "los agentes del Estado receptor no podrán penetrar en ellos sin consentimiento del jefe de la misión".
Asimismo, ese ordenamiento jurídico internacional indica que el Estado receptor tiene la "obligación especial de adoptar todas las medidas adecuadas para proteger los locales de la misión contra toda intrusión o daño y evitar que se turbe la tranquilidad de la misión o se atente contra su dignidad".
Los locales de la misión, su mobiliario y demás bienes situados en ellos, así como los medios de transporte de la misión, "no podrán ser objeto de ningún registro, requisa, embargo o medida de ejecución", según la convención esgrimida por México.
Finalmente, la Cancillería exige el respeto de "la inviolabilidad de los inmuebles diplomáticos".
El pasado 13 de noviembre, tras otorgar asilo al expesidente Morales, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador expresó su compromiso de trasladar al país a alrededor de una veintena de personas que se refugiaron en la Embajada en La Paz.
Morales salió de México hacia Cuba el 6 de diciembre y posteriormente viajó a Argentina, donde tramita el estatus de refugiado.
El 18 de diciembre, la fiscalía de Bolivia ordenó la detención del exmandatario, acusado de "sedición y terrorismo".
Denuncia ante CIDH
La misión permanente de México ante la Organización de Estados Americanos (OEA) envió una misiva ante la secretaría ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, detallando que "150 elementos policiales y de inteligencia del Ministerio del Interior", rodean la residencia oficial mexicana en Bolivia.
Como parte de las acciones intimidatorias, los agentes intentaron "detener e inspeccionar" el vehículo de la embajadora mexicana, María Teresa Mercado.
Según la misma Convención de Viena, los vehículos de diplomáticos no pueden ser interceptados, no pueden ser objeto de ningún "registro requisa embargo o medida o medida de ejecución" .
La cancillería mexicana difundió una serie de fotografías en las que se aprecia a agentes que ejercen el acoso denunciado contra su representación en Bolivia.
En las fotografías aparecen supuestos agentes encubiertos o vehículos civiles en las afueras de los recintos diplomáticos.
En algunas de ellas se observan personas en cerros aledaños, vigilando de lejos a los movimientos que ocurran dentro de la sede mexicana.
