"Redactamos y presentamos una acusación constitucional contra el intendente Guevara porque, tanto en sus declaraciones como en sus acciones, busca contravenir garantías constitucionales como el derecho a libre circulación, a la libertad de reunión e impide que la gente se manifieste pacíficamente", afirmó el legislador.
El parlamentario explicó que Guevara ha ordenado constantemente despliegues masivos de Carabineros (Policía militarizada) y en particular, de Fuerzas Especiales (cuerpo anti disturbios de Carabineros), en el sector de Plaza Italia, centro neurálgico de la capital escogido por los ciudadanos para congregarse desde el comienzo de la crisis social en octubre de 2019.
Hirsch señaló que la idea de la acusación comenzó a gestarse el viernes 20 de diciembre, cuando Guevara ordenó desplegar 1.000 carabineros en Plaza Italia incluso antes de que se produjera la manifestación, y además instaló vallas protectoras que impedían el paso a los protestantes, estrategia que fue bautizada como "copamiento policial".
"El copamiento de Plaza Italia vulneró el derecho a manifestarse pacíficamente, porque el intendente desplegó carabineros antes de la protesta, sin saber si la manifestación iba a ser pacífica o no", dijo.
Además, afirmó que "el intendente tiene la facultad, y de hecho, tiene la obligación de actuar si hay una protesta en que se producen actos violentos, pero no puede hacerlo preventivamente, porque eso impide ejercer el derecho a reunión".
"El Gobierno se ha desentendido hace mucho rato en materia de derechos humanos, las acciones del intendente Guevara han generado una violenta represión por parte de la Policía sin siquiera escuchar lo que han dicho todos los organismos internacionales", agregó.
El diputado hizo referencia a las cuatro organizaciones internacionales que durante la crisis social pidieron a la administración de Sebastián Piñera que garantizara el derecho a manifestación pacífica, como Amnistía Internacional, Human Right Watch, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet.
La crisis social en Chile se arrastra desde octubre de 2019, fecha en que comenzó una seguidilla de manifestaciones ciudadanas protestando contra la desigualdad, el sistema económico neoliberal, el precio de los servicios básicos, la Constitución y en rechazo de la gestión del presidente Piñera.
En las últimas encuestas de opinión publicadas en Chile, Piñera no supera el 11% de aprobación ciudadana, desde el 24% de respaldo con que contaba antes del estallido social.
