"Esta marcha tiene por motivo exigir al tribunal que resuelva la demanda pues hace meses tiene todos los argumentos para hacerlo", dijo a Sputnik Jorge Luis Pérez, presidente de la Asociación Cultural Taurina del Perú (ACTP), una de las principales organizaciones que convocó a la manifestación.
En la demanda, los activistas buscan que se declare inconstitucional la excepción complementaria de la Ley de Protección y Bienestar Animal promulgada en 2016.
Según dicha excepción complementaria, están exceptuados de los alcances de la norma "las corridas de toros, peleas de toros, peleas de gallos y demás espectáculos declarados de carácter cultural".
Al respecto, Pérez indica que los aficionados taurinos, a través de la ACTP, fueron admitidos en el proceso como parte interesada, habiendo presentado un amicus curiae para absolver ciertas dudas que persistieron en algunos de los siete miembros de la corte, por lo que "no habría motivo para retrasar más la decisión".
Para el representante taurino, el TC estaría "aguantando" la sentencia por un asunto de "presión" de parte de los activistas.
El TC cambió de presidente a inicios de enero, asumiendo el cargo la magistrada Marianella Ledesma, un hecho que el vocero taurino espera no cambie la tendencia en la corte, pues sería "muy grave".
Asimismo, la marcha, que contó con cerca de 3.000 manifestantes, demostró, en palabras de Pérez, que "los aficionados a las corridas de toros y peleas de gallos no son una minoría como se cree", afirmando que, según estadísticas del ACTP, los festejos taurinos son una actividad que en Perú convocaría más asistentes que el fútbol.
Por otra parte, puntualiza que la Ley de Protección y Bienestar Animal tiene como objeto la protección de animales domésticos y silvestres, estando el toro bravo fuera de sus alcances por su naturaleza, utilidad y modo de crianza.