"Naciones Unidas en Argentina expresa su preocupación por el fallecimiento de niños y niñas de la comunidad wichí en Salta", sostuvo en un comunicado la oficina de la ONU en Argentina.
La declaración subraya la preocupación "por el estado nutricional y de salud que experimentan otros niños y niñas en la provincia de Salta".
"Expresamos nuestra solidaridad con sus familias, con la comunidad wichí y la población argentina", añadieron los funcionarios internacionales.
Aunque reconocieron la reacción de la gobernación de Salta, que el pasado miércoles declaró la emergencia socio-sanitaria en tres departamentos de la provincia, las agencias de la ONU exhortaron al Estado nacional "a generar soluciones de mediano y largo plazo sobre este problema estructural y multidimensional que enfrenta la comunidad wichí".
La desnutrición infantil no sólo supone una vulneración al derecho a la alimentación, sino que también atañe otros derechos garantizados, como el de la salud, la educación o el agua, según recogen diversos tratados.
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como la Convención sobre los Derechos del Niño, que reconocen estos derechos, fueron ratificados por Argentina, recordó Naciones Unidas.
"Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición es uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible", consideró la entidad.
La ONU se aboca a la promoción y protección de los derechos humanos, por lo que apoya "los esfuerzos necesarios para contribuir a un desarrollo sostenible, sin dejar a nadie atrás", añadió en su comunicado.
El pasado domingo 26 falleció el sexto niño wichí por desnutrición en Salta en lo que va del año.
La ley provincial 7.856, vigente desde diciembre de 2014, dispone la creación de una Red de Apoyo Sanitario Intercultural e Interinstitucional para Pueblos Originarios "Sumaj Kausai", que significa "Buen vivir".
La normativa, que no fue implementada pese a que fue promulgada hace cinco años, promueve la presencia de facilitadores bilingües en centros hospitalarios, crea albergues institucionales de tránsito para albergar a las familias de los pacientes, y establece mecanismos de coordinación entre las provincias y el Estado nacional para facilitar esta red de apoyo.
