"Es alarmante la cifra que establece el estudio, porque los mecanismos estatales para atender a esas personas no están funcionando, falla su seguimiento", dijo a esta agencia Campos, responsable de temas migratorios y de seguridad ciudadana de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) en El Salvador.
La funcionaria explicó que el PDDH tiene entre sus funciones atender a las víctimas de desplazamiento interno forzado por la violencia, así como asistir a los grupos en situación de vulnerabilidad por la migración indocumentada.
La institución monitorea y sigue a personas cuyos derechos han sido vulnerados, y que no pueden volver a sus lugares de origen debido a la delincuencia, pero la atención aún es insuficiente, reconoce Campos.
"Aunque el Estado hace un recibimiento bastante integral de los deportados, porque hay presencia de instituciones y programas, todavía es insuficiente para dar soluciones a más largo plazo, y más con los acuerdos de asilo recién firmados", señaló la funcionaria, en alusión a los convenios suscritos entre EEUU y los países del llamado Triángulo Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras).
El estudio divulgado por HRW busca que los países receptores de refugiados tengan un panorama más completo sobre el contexto del que huyen los salvadoreños y los riesgos que pueden enfrentar al ser retornados.
De acuerdo con el referido informe, entre los agresores que atentaron contra los deportados están las pandillas, exparejas y miembros de la policía o las fuerzas de seguridad de El Salvador.
Entre 2014 y 2018, EEUU deportó a alrededor de 111.000 salvadoreños a su país, donde la violencia de las "maras" (pandillas) generan una de las mayores tasas de homicidio a nivel internacional.
Según datos publicados por El Diario de Hoy, EL mayor rotativo de este país, el número de salvadoreños que solicitó asilo en EEUU creció cerca de un 1.000% entre 2012 y 2017, con la amenaza de las pandillas como principal motivo, y solo un 18% recibió protección.
