"El compromiso asumido ante los tribunales nacionales responde a nuestro rol de garante y promotor de los derechos fundamentales para que se respete y garantice la voluntad libre e informada de una persona de decidir el cese de su vida, cuando ante ciertas condiciones (...) se afecta grave e irreversiblemente su dignidad humana", comentó el titular de la Defensoría, Walter Gutiérrez, a través de un comunicado.
La acción de amparo fue presentada ante la Corte Superior de Justicia de Lima y busca que a la ciudadana Ana Estrada, de 42 años, se le permita decidir sobre el momento en que desea acabar con su vida.
En Perú, la eutanasia es ilegal y la "muerte piadosa" (matar, por piedad, a un enfermo incurable que solicita de manera expresa y consciente poner fin a sus intolerables dolores) es considerada como delito en el Código Penal.
Sin embargo, la Defensoría sostiene que "el Tribunal Constitucional ha reconocido y desarrollado derechos fundamentales íntimamente vinculados con el derecho a la muerte en condiciones dignas, entre ellos, el derecho a la dignidad, a la integridad, a la vida digna y al libre desarrollo de la personalidad".
Asimismo, el organismo indicó que Perú es firmante de tratados internacionales que garantizan el derecho de las personas a no ser sometidas a tortura ni a sufrir tratos crueles e inhumanos.
