"Estamos ofreciendo, a quien nos informe, protección, amnistía, recompensa, porque se trata de un asunto de Estado y vamos a trabajar de manera conjunta la fiscalía y el Poder Judicial, pero el caso de Ayotzinapa es una prioridad de nuestro Gobierno", respondió el mandatario a una pregunta sobre el tema en su conferencia de prensa cotidiana.
El jefe del Ejecutivo reafirmó su pedido a quienes participaron en estos hechos: "Que hablen, porque hay como un pacto de silencio, no puede ser que no sepamos lo que sucedió si participaron como cien personas".
"Es un asunto de gran importancia para nosotros; le he pedido a la secretaria de Gobernación [Olga Sánchez Cordero] que se dedique de tiempo completo a atender este asunto; necesitamos conocer la verdad y aclarar lo que sucedió y castigar a los responsables", subrayó el mandatario.
López Obrador también informó que propuso en sendas cartas al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Saldívar, y al fiscal general, Alejandro Gertz, cooperar con el Ejecutivo, respetando la autonomía de cada una de las ramas del Estado.
Misivas a Suprema Corte y Fiscalia
El presidente envió una carta a los titulares del máximo tribunal y la fiscalía general, después de una reunión sostenida la semana pasada con familiares de los jóvenes.
La misiva propone "trabajar juntos" de manera coordinada para "atender la demanda de justicia".
"Si nos unimos, lograremos romper el pacto de silencio que ha perdurado por mucho tiempo, y esclarecer lo acontecido, no prolongar la impunidad", dice la carta leída en la conferencia.
La propuesta, que según el mandatario ya fue aceptada, contempla una reunión mensual "para recibir informes y tomar decisiones".
La primera sesión se celebraría el 5 de marzo, en el Palacio Nacional, sede del Ejecutivo.
El 27 de septiembre de 2019, el Gobierno de México ofreció recompensas por unos 77.000 dólares por cualquier información sobre los 43 estudiantes y más de medio millón de dólares por uno de los agresores.
En los hechos murieron seis personas, entre ellas tres estudiantes, otras 25 resultaron heridas, y 43 alumnos fueron detenidos y entregados al agrupo narcotraficante autodenominado Guerreros Unidos.
Los integrantes de la organización criminal han declarado bajo torturas que asesinaron a los jóvenes, calcinaron sus cuerpos y lanzaron los restos al río San Juan, del vecino municipio Cocula, Guerrero.
Pero las nuevas autoridades descartan esa narrativa de la antigua procuraduría, llamada "verdad histórica".
Una bolsa rescatada del arroyo contenía el fragmento de un hueso, que permitió la única identificación de un desparecido hasta la fecha, Alexander Mora Venancio.