"A pesar de ciertas limitaciones evidentes por la crisis del coronavirus, el gobierno debe hacer esfuerzos para que avancen las investigaciones sobre abusos policiales y violencia de manifestantes y de que todos los responsables sean llevados ante la justicia para evitar que este tipo de hechos vuelvan a ocurrir", dijo la organización en un comunicado.
En octubre pasado, liderados por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, diversos sectores sociales mantuvieron 12 días de protestas contra la decisión del Gobierno de Lenín Moreno de eliminar los subsidios a los combustibles, medida que luego fue derogada.
Vivanco hizo un llamado para que todos los responsables por abusos cometidos en octubre de 2019 rindan cuentas ante la justicia, "para disuadir tanto futuros abusos policiales como delitos por parte de los manifestantes".
Según el comunicado, de las 11 personas que fallecieron en el contexto de las protestas, al menos cuatro habrían muerto por la acción de integrantes de las fuerzas de seguridad.
El comunicado citó testimonios de personas que habrían sido agredidas por las fuerzas de seguridad.
La ONG añadió que también hubo manifestantes que cometieron graves delitos contra policías y vandalizaron propiedad pública y privada.
Human Rights Watch enfatizó que apenas el sistema judicial ecuatoriano esté plenamente operativo, las autoridades deben impulsar con vigor investigaciones rigurosas e imparciales de los abusos policiales y los hechos de violencia ocurridos en las protestas de 2019.
Desde el pasado 16 de marzo, el gobierno de Ecuador decretó estado de excepción para atender la emergencia en salud provocada por el nuevo coronavirus.
La medida incluye medidas económicas de apoyo a las personas afectadas por la pandemia y establece que las fiscalías y tribunales ordinarios dejarán de funcionar por un tiempo para contribuir al distanciamiento social.
Durante las movilizaciones y protestas de octubre, hubo saqueos y destrucción de bienes públicos y privados, vandalismo, bloqueos de carreteras, incendios intencionales, cortes del suministro de agua, daños a instalaciones de producción de petróleo y una serie de actos violentos, incluida la quema del edificio de la Contraloría de la Nación, hechos sin precedentes en la historia de Ecuador.
Human Rights Watch señaló que muchos manifestantes actuaron con violencia, al arrojar piedras y cócteles Molotov contra policías, quemar vehículos militares, saquear y vandalizar edificios, y atacar a personal humanitario, de salud y de la Cruz Roja.
La ONG también citó casos de periodistas agredidos por policías y manifestantes.
"Tanto agentes de las fuerzas de seguridad como manifestantes atacaron a periodistas y medios de comunicación durante las protestas", señaló Vivanco.
Según estudios del Banco Central de Ecuador, las protestas de octubre dejaron para el país andino pérdidas por unos 822 millones de dólares.