"La mitad de la población está en condiciones de pasar a la Fase 1 a partir del lunes [11 de mayo]", dijo en rueda de prensa el ministro de Sanidad, Salvador Illa.
Según los cálculos ofrecidos por el Gobierno, los territorios que entrarán en la nueva fase de desescalada representan el 51% de la población del país.
Madrid y Cataluña, los dos territorios más afectados por el virus, seguirán en la fase previa. También seguirán en fase 0 la Comunidad Valenciana, Castilla y León, dos provincias de Andalucía (Málaga y Granada) y otras tres provincias de Castilla-La Mancha (Albacete, Ciudad Real y Toledo).
Cabe destacar que algunas de estas comunidades autónomas tendrán varias áreas sanitarias que profundizarán un poco más en la desescalada, aunque sus grandes ciudades se mantendrán estáticas.
Por ejemplo, Cataluña decidió limitar la relajación del confinamiento a sus zonas menos pobladas, una propuesta aceptada por el Gobierno central, por lo que Barcelona y otras ciudades grandes seguirán en fase 0.
El director del centro de emergencias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, explicó que las autoridades sanitarias han sido prudentes a la hora de establecer qué zonas pueden avanzar.
En ese sentido, señaló que se denegó el avance de fase para "aquellos territorios en los que la duda era más que aceptable", sin que ello implique todos los territorios anclados en la fase 0 muestren una mala situación.
La polémica de Madrid
En el caso de Madrid el Gobierno denegó una petición de las autoridades locales, que solicitaron pasar a la nueva fase bajo la premisa de que la región no puede esperar más para reactivar su economía.
Madrid cumple con estos requisitos, pero el Ministerio de Sanidad analiza también otros criterios como la evolución de diagnósticos y hospitalizaciones en la última semana, la capacidad del territorio para rastrear transmisiones o el correcto funcionamiento de los servicios de atención primaria.
Tras analizar estas cuestiones, el Gobierno decidió denegar la petición de las autoridades madrileñas, posponiendo la transición hasta afianzar la capacidad de detección en atención primaria.
La petición de Madrid —gobernada por el Partido Popular, principal oposición al Gobierno de España— propició una tormenta política, dando lugar incluso a la dimisión de la responsable de salud pública en el territorio.
Pese a la vorágine política, el ministro de Sanidad insistió en que el proceso de decisión se limitó a "tener en cuenta los datos", obviando las implicaciones políticas.
No obstante, el director del centro de emergencias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, sí criticó la petición formulada por Madrid.
"Además tuvieron una presión sobre el sistema sanitario muy superior al resto de territorios, llegando a estar en una situación crítica", añadió.
En ese sentido, el epidemiólogo de cabecera del Gobierno respondió a la petición madrileña con un toque de atención: "Esa prudencia que pedimos a la población para impedir que esto vuelva a pasar la tenemos que tener los técnicos a la hora de tener las evaluaciones".
Disciplina social
Para todas aquellos territorios que pasaron a la nueva fase el Gobierno fijará un plazo de incubación de 14 días antes evaluar nuevos progresos en la desescalada.
Durante su comparecencia, el ministro de Sanidad hizo un llamamiento a la población para seguir guardando la "disciplina social", algo que a su modo de ver será "más importante que nunca" a medida que decaigan las restricciones de movilidad.