"Hemos decidido conformar una fuerza de tarea multidisciplinaria, con fiscales especializados, que van a conocer exclusivamente los casos que se generen a raíz de esta emergencia", dijo la fiscal general de Ecuador, Diana Salazar, en una conferencia de prensa.
Según la fiscal, el objetivo de dicha unidad será garantizar objetividad en las investigaciones, unificar procedimientos investigativos, evitar la impunidad y blindar los procesos de presiones.
En Ecuador, desde el mes pasado, se denunciaron varios casos de corrupción, con sobreprecios en la compra de insumos para combatir la pandemia.
Hace una semana, un informe de gestión de la Contraloría General del Estado detalló que esa entidad realiza 52 exámenes especiales a contratos realizados por distintas instituciones públicas durante la emergencia sanitaria por COVID-19.
Hasta el momento, el ente emitió dos informes con indicios de responsabilidad penal en ese tipo de contrataciones públicas: uno por la compra con sobreprecios de hasta 9.000 por ciento de mascarillas e insumos médicos realizados por el sistema público de Seguridad Social de Ecuador, y otro por la compra de kits de alimentos por parte de la Secretaría Nacional de Riesgos.
La Fiscal dijo que el grupo se ocupará de evitar que queden en la impunidad 43 investigaciones que se encuentran en fase de indagación previa.
La unidad de tarea multidisciplinaria estará conformado por tres fiscales de la Unidad Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, cinco de la Unidad de Lavado de Activos, cuatro fiscales provinciales y 24 fiscales de apoyo: uno por cada provincia de esa nación suramericana.
El equipo se completa con un coordinador de analistas, expertos en contratación pública y análisis financiero y una unidad de la Policía Nacional integrada con perfiles especializados.
Adicionalmente, se solicitará al Ministerio de Gobierno que designe policías especializados para trabajar en dicha unidad.