En su decisión, la magistrada dio un plazo de 48 horas al Gobierno para que explique la motivación de este informe, y remarcó que podría suponer "un comportamiento incompatible con los más básicos principios democráticos del Estado de Derecho".
La decisión de la jueza responde a una acción presentada por el partido de la oposición Rede Sustentabilidade, que pide la inmediata suspensión de la producción de conocimientos e informaciones de la inteligencia estatal sobre integrantes del "movimiento antifascismo" y profesores universitarios.
La existencia del informe fue revelada la semana pasada por el portal de noticias UOL, que informó que el Ministerio de Justicia investiga en secreto a un grupo de 579 funcionarios públicos.
Entre ellos estarían agentes de seguridad tanto del Gobierno federal como de gobiernos de diferentes estados del país serían integrantes de movimientos antifascistas, así como tres profesores universitarios.
El Ministerio de Justicia reconoció que el informe existe, y en un comunicado expresó que de cualquier manera no hay ninguna investigación, sino una actividad de prevención de práctica e actos ilícitos y de preservación de la seguridad de las personas y del patrimonio público.