La posible deportación de Mancuso, de 56 años y quien fue líder de las hoy extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC, extrema derecha), "pone en riesgo la posibilidad de que cientos de víctimas en Colombia puedan acceder a justicia, verdad y reparación", advirtió la Corte IDH en un comunicado.
"En el escrito presentado, se solicita a la Corte que requiera al Estado colombiano asegurarse de que el proceso de extradición ante el Gobierno de EEUU se lleve a cabo de manera expedita y con apego a las obligaciones de debida diligencia", indicó la Corte IDH.
La solicitud busca que las víctimas de masacres registradas en los municipios de Ituango (Antioquia, noroeste), en el año 2002, y Pueblo Bello (Cesar, norte), en 1990, así como familiares del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo, asesinado por paramilitares en 1998 en Medellín (noroeste), tengan garantías para el acceso a la justicia.
En los casos citados, la Corte Interamericana dio por probada la vinculación entre miembros de la Fuerza Pública con paramilitares, en particular las AUC, en la comisión de graves violaciones a derechos humanos, por lo que ordenó al Estado investigar, juzgar y sancionar a todos los responsables.
Mancuso fue extraditado de Colombia a EEUU en mayo de 2008 por delitos de narcotráfico, pero hace más de tres meses cumplió su condena por el delito de narcotráfico, por lo que su defensa sostiene que después de pasado ese tiempo debe ser deportado a Italia, lo cual es probable que ocurra antes del 4 de septiembre, según versiones publicadas por la prensa colombiana.
Ante la solicitud de la Corte IDH, el Estado colombiano tiene plazo hasta el 31 de agosto para remitir información sobre esta situación, luego de lo cual la Corte determinará el otorgamiento de las medidas.
