"La Oficina dispuso la conclusión de su actuación como querellante", señaló el organismo en un comunicado.
El organismo pondrá a disposición del Ministerio Público Fiscal los antecedentes de los procesos en los que intervino a fin de garantizar su continuidad, y debido la escasez de personal "en el contexto de las actuales restricciones presupuestarias", decidió reasignar su plantel a las demás áreas de la dependencia.
Bajo el Gobierno de Alberto Fernández, la nueva gestión decidió fortalecer las actuaciones preventivas de la corrupción y reforzar su comunicación para dar mayor visibilidad a este trabajo, a fin de posicionar al organismo como una "Oficina de Integridad", según una resolución del organismo.
Prioridades ante la escasez
La OA tiene dos áreas de trabajo primordiales: una destinada a la prevención de los hechos de corrupción y otra a investigar estas actividades, tarea que en buena medida se superpone con las funciones del Ministerio Público Fiscal.
Para reordenar los recursos existentes, la OA abandonará así su papel de querellante en los procesos penales en los que interviene, salvo en aquellas causas que ya fueron elevadas a juicio oral.
En esos casos, "se dará cumplimiento a lo aquí dispuesto cuando culmine la recepción de la prueba propuesta por la representación de esta Oficina", aclaró la resolución.
Bajo la actual administración, la Oficina Anticorrupción es un ente autárquico y descentralizado del Poder Ejecutivo.
