"Creemos que el caso tiene una cantidad importante de pruebas para que en pocas semanas o meses pudiera elevarse a juicio y deban enfrentar la parte final del proceso los imputados", declaró el letrado.
Morales, exprocurador para la defensa de los derechos humanos en El Salvador, dio declaraciones a la prensa después que la Fuerza Armada bloqueó por sexta vez una inspección judicial en instalaciones militares para esclarecer la matanza de un millar de civiles en El Mozote.
Nacido en 1933 y residente en Estados Unidos desde 1989, García estaba a cargo de las fuerzas militares que ejecutaron las masacres de El Mozote y Río Sumpul, como parte de la estrategia anti-insurgente Tierra Arrasada.
Los hechos de El Mozote y cantones aledaños son investigados por el juez Jorge Guzmán, de un tribunal en la localidad de San Francisco Gotera (oriente), tras la derogación en 2016 de una Ley de Amnistía promulgada en 1993 como requisito para poner fin al conflicto armado (1980-1992).
En agosto, el juez Guzmán ordenó la inspección de archivos militares para contribuir al esclarecimiento de la masacre, pero la Fuerza Armada bloqueó el acceso al equipo de peritos judiciales con el respaldo del presidente Nayib Bukele.
Para la organización Tutela Legal María Julia Hernández, representante de los sobrevivientes de El Mozote, las acciones de la Fuerza Armada de El Salvador con la venia del presidente Bukele demuestran que "seguirán ocultando y protegiendo a los criminales de guerra y violadores de derechos humanos".
Varias investigaciones señalan que la guerra civil en El Salvador dejó unos 75.000 muertos y desaparecidos y graves violaciones de los derechos humanos, perpetrados tanto por los llamados Escuadrones de la Muerte, como por el Ejército y en algunos casos por la guerrilla.