El 17 de noviembre se someterá a escrutinio a los primeros cinco países: Bélgica, Bulgaria, República Checa, Dinamarca y Estonia. El organismo encargado de llevar a cabo el examen será el consejo de Asuntos Generales de la UE, dominado por los ministros de Exteriores de los Estados miembros.
La evaluación de estos aspectos ocupará 30 minutos por país, cuyos ministros responderán a las críticas de sus colegas, si las hubiere. Esta fiscalización se unirá al instrumento con el que a partir de 2021 se podrá suspender la concesión de fondos estructurales a los Estados donde se detecten derivas antidemocráticas que amenacen los intereses financieros de la UE.
¿Cómo? Bien. El mecanismo del Estado de derecho necesita mayoría cualificada, pero los Presupuestos exigen unanimidad. Si el Parlamento húngaro los tumba, adiós. Y la UE entraría en otra crisis. Hay altísimas posibilidades de que eso suceda.
— Emilio Ordiz (@EmilioOrdiz) November 16, 2020
Seguridad empresarial
Los motivos económicos son también la razón de la nueva medida. En Bruselas temen que peligren los mercados interiores ante la incertidumbre jurídica en algunos países o la falta de independencia judicial en otros.
Pero la Comisión Europea no se ha arredrado y recientemente aprobó medidas para garantizar los derechos de la comunidad LGTBIQ. En los próximos meses, el organismo que preside Ursula von der Leyen presentará iniciativas para mejorar la transparencia de la financiación de los partidos políticos y para impedir abusos de poder contra periodistas o activistas de derechos humanos.
La evaluación llega en un momento en el que España se halla inmersa en un proceso para renovar el órgano encargado de designar a los jueces, el Consejo General del Poder Judicial, cuyo método de elección el Gobierno propuso modificar. El comisario europeo de Justicia criticó la iniciativa del Ejecutivo español, que al poco paralizó el proyecto.
Sobre las injerencias
En la Comisión Europea defienden que la iniciativa de revisar la situación del Estado de derecho en los países miembros no supone una intromisión.
"No estamos invadiendo las competencias de ningún país", declaró a los medios Renate Nikolay, jefa de gabinete de la vicepresidencia de la Comisión. "Solo queremos garantizar que cumplen con lo que se han comprometido al firmar el Tratado de la Unión Europea", añadió.
A rule of law report for all Member States, a preventive tool to engage early in discussions. One of the missing bits. https://t.co/ihq9eAMxQp
— Renate Nikolay (@RenateNikolay) September 30, 2020
En cualquier caso, la vigilancia del Estado de derecho es un hito, pues velará por el cumplimiento de unos valores que entre los socios comunitarios se daban por supuestos. La exigencia habrá de marcar la futura ampliación de la UE, pues los países candidatos a unirse al club europeo, como los de la región balcánica, serán sometidos a un escrutinio exigente.