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El embajador argentino en Rusia critica la judicialización del caso sobre el Memorándum con Irán

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Justicia (imagen referencial) - Sputnik Mundo, 1920, 11.08.2021
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El embajador argentino en Rusia, Eduardo Zuain, cuestionó el caso en el que se encuentra procesada la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, por el que él también se encuentra procesado, debido a la firma en 2013 de un memorándum con Irán por el atentado a la mutual judía AMIA al asegurar que la causa fue judicializada.
"El Poder Ejecutivo tiene el derecho de diseñar su política exterior que no es materia judiciable",
Zuain, que fue vicecanciller y Secretario de Relaciones Exteriores durante el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), aseguró que el expediente fue armado por necesidades electorales de la gestión precedente encabezada por el presidente Mauricio Macri (2015-2019).
"Yo creo que estuve en presencia de una orquesta sinfónica político judicial porque hay una correlación precisa, armónica entre las secuencias de este proceso, las necesidades electorales del Gobierno del expresidente Mauricio Macri", sostuvo.
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El diplomático aludió así al caso que se desprende del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) de 1994, en el que fueron asesinadas 85 personas.

Inconsistencias del caso

Zuain explicó que "hubo una dinámica electoral", pues "se tomaron septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2017 para las imputaciones y procesamientos, en plena campaña electoral de medio término de Mauricio Macri".
Hace unas semanas, la expresidenta solicitó la nulidad del caso tras conocerse que dos jueces de la Cámara Federal e Casación, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, visitaron al Macri en la residencia presidencial, en el municipio bonaerense de Olivos, y en la sede de Gobierno, en la Casa Rosada.
El embajador argentino en la Federación de Rusia se refirió a estas visitas de los jueces de Casación, que "ni siquiera se ocuparon de disimular", en una audiencia ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 8.
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Estos dos magistrados, tras excusarse en un principio de intervenir en la causa, reabrieron el caso desestimado en todas las instancias judiciales.
Ya en 2018, los dos jueces confirmaron el procesamiento contra Fernánez de Kirchner, y se creó el Tribunal Oral Federal 9 "a dedo, que era para nosotros", aunque luego la Corte Suprema invalidó esta conformació.
Al dirigirse a los tres jueces del TOF 8, Zuain cuestionó severamente la actuación de la justicia en el caso, al juez de primera instancia Claudio Bonadío, ya fallecido, y al tribunal de segunda instancia que intervino, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, "que en tan solo nueve horas" confirmó los procesamientos que habían sido dictados por el magistrado.
"Ya la tenían redactada de antes", aseveró el diplomático.
Zuain también sostuvo que fue procesado antes de ser escuchado y que le tendieron una trampa, pues no le mostraron ninguna documentación, antes de referirse a algunos aspectos técnicos del Memorándum.
"Todo acuerdo bilateral negociado por el Poder Ejecutivo y convertido en ley de la Nación por el Congreso no puede ser materia de un proceso penal", advirtió.
En ese sentido, "el Gobierno argentino de cualquier signo político tiene el deber de asistir al poder judicial para ayudar a esclarecer el atentado y no alcanza mostrarse compungido, tiene que demostrar que tomo acciones concretas", finalizó Zuain.
Como responsable de la Unidad Fiscal de Investigación encargada de esclarecer el atentado de 1994 a la sede de la AMIA, el fiscal fallecido Alberto Nisman acusó a Cristina Fernández en 2015, cuatro días antes de morir, de encubrir a funcionarios iraníes acusados por la justicia argentina de estar detrás del ataque.
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La denuncia contra la entonces mandataria se basaba en un memorándum de entendimiento que su Gobierno firmó en 2013 con el entonces presidente iraní Mahmud Ahmadineyad para autorizar interrogatorios de los funcionarios de ese país acusados del atentado sobre los que penden pedidos de captura internacional.
El documento nunca entró en vigencia porque no fue ratificado por el Parlamento iraní y fue después declarado inconstitucional por la justicia argentina.
La querella es impulsada en la actualidad por una de las entidades judías más poderosas del país, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA).
El tribunal federal deberá decidir en los próximos días si anula el caso, como pidieron los procesados, o continúa con la investigación.
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