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La Justicia europea tumba la norma española que obliga a declarar los bienes en el extranjero

© Foto : Pixabay/Hans / Justicia, juicioImagen referencial de la justicia
Imagen referencial de la justicia - Sputnik Mundo, 1920, 27.01.2022
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El Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea considera que las multas que conlleva son desproporcionadas.
El Tribunal de Justicia declaró que España incumplió las obligaciones que le competen en virtud del principio de libre circulación de capitales y que las penas que establece el modelo 720 son desproporcionadas.
"Esta obligación puede disuadir a los residentes de ese Estado miembro de invertir en otros Estados miembros, impedirles hacerlo o limitar sus posibilidades de hacerlo", asegura el alto tribunal.
La norma fue implantada por el Partido Popular en el año 2012 por el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, como complemento de la amnistía fiscal.
La corte europea considera que la presentación de la declaración de bienes en el extranjero y su régimen sancionatorio no tiene equivalente en lo que respecta a los bienes o derechos situados en España, por lo que establecen una diferencia de trato entre los residentes en España en función del lugar de localización de sus activos.
A su vez, los jueces europeos aseguran que esta obligación podría disuador a los residentes de ese Estado miembro a invertir en otros Estados miembros, impedirles hacerlo o incluso limitar sus posibilidades de hacerlo. Esto, consideran, constituye una restricción a la libre circulación de capitales.
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El Tribunal de Justicia subraya que aunque la legislación española sobre este asunto podría estar justificada porque la información de la que dispone Hacienda en relación con los activos que sus residentes fiscales poseen en el extranjero es inferior a la que poseen en relación con los activos situados en su territorio. Sin embargo, aseguran que la legislación va más allá de lo necesario para alcanzar esos objetivos.
Con este pronunciamiento, la TJUE da la razón a la Comisión Europea que en el año 2019 recurrió a este tribunal luego de pedir a España sin éxito que modificara esta legislación.
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