Organizaciones de derechos humanos de Ecuador rechazan la ley de uso progresivo de la fuerza
20:30 GMT 03.06.2022 (actualizado: 09:16 GMT 04.06.2022)
© AFP 2023 / Rodrigo Buendia
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QUITO (Sputnik) — La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos de Ecuador rechazó la ley sobre uso progresivo de la fuerza que se trata en la Asamblea Nacional (parlamento) como parte de la estrategia del Gobierno para enfrentar la inseguridad que vive el país.
"Desde la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos rechazamos el intento de posicionar la Ley (Uso Progresivo de la Fuerza) como una solución a la inseguridad que se vive en el país", publicó la alianza en su cuenta de la red social Twitter.
🔴Desde @DDHH_Alianza rechazamos el intento de posicionar a la Ley como una solución a la inseguridad del país. #LeyUsoProgresivoDeLaFuerza @AsambleaEcuador @SeguridadAN @ramironarvaezg @ONU_derechos
— Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos (@DDHH_Alianza) June 3, 2022
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El texto que analiza la Asamblea propone el uso progresivo de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en situaciones excepcionales y de forma complementaria con la Policía Nacional para mantener el orden público, la seguridad ciudadana ante crisis o graves alteraciones en las prisiones del país.
Uno de los objetivos de la norma es que los uniformados no sean juzgados por asesinato en caso de tener que utilizar la fuerza letal.
Según la alianza, la ley debe estar apegada a la Constitución y los estándares internacionales de derechos humanos, y la fuerza letal únicamente debe ser usada en casos de peligro inminente contra la vida y su objetivo será neutralizar la amenaza.
Respecto de la actuación de las Fuerzas Armadas, la organización considera que cualquier movilización debe darse mediante la declaratoria del estado de excepción en casos extraordinarios y sujetos a fiscalización.
30 de mayo 2022, 19:31 GMT
Para la alianza, cualquier intento de dotarle más atribuciones a la fuerza militar, distintas a lo establecido en la carta magna, representaría un atentado al estado constitucional de derechos.
También señaló que la protesta social no debe ser considerada como una amenaza, sino como un ejercicio de derechos constitucionales, y debe ser protegida y garantizada por el Estado.
Asimismo, advirtió que los patrocinios legales e institucionales en favor de uniformados que estén involucrados en procesos por el uso desproporcionado de la fuerza, pueden incurrir en la figura de utilización indebida de recursos públicos.
Según la alianza, dichos patrocinios pueden promover un ambiente de impunidad y desigualdad de las víctimas frente al Estado.
Las organizaciones también señalan que la contención de la violencia en las cárceles debe someterse a los principios de idoneidad, extrema necesidad y proporcionalidad.
La alianza está conformada por la Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, Amazon Frontlines, la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, Amazon Watch, entre otras.
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