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¿Qué pasará con el aborto en Colombia?

© Sputnik / Germán GómezColombianas celebran despenalización total del aborto hasta las 24 semanas de gestación
Colombianas celebran despenalización total del aborto hasta las 24 semanas de gestación - Sputnik Mundo, 1920, 28.06.2022
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Recientemente, la Clínica Jurídica Persona y Familia de una universidad en Bogotá presentó una solicitud de nulidad del fallo que despenalizó el aborto hasta la semana 24 de embarazo. La Corte Constitucional está estudiando el recurso para identificar si hubo violación en el debido proceso, como se alega.
Justo el mismo día en que la Corte Suprema de Justicia de EEUU revocó el fallo Roe versus Wade, con el que hace casi 50 años se consideró legal la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en todo el país, en Colombia se conoció de una supuesta solicitud del Ministerio de Justicia a la Corte Constitucional para declarar nula la sentencia histórica C-055 de 2022.
Con esta, en febrero pasado, el alto tribunal despenalizó el aborto hasta la semana 24 de gestación y mantuvo las tres causales reconocidas en 2006 —violación, salud de la mujer y malformación del feto— después de los seis meses de embarazo.
Aunque parece que lo ocurrido en Estados Unidos alentó al Gobierno a radicar dicha solicitud, lo cierto es que, antes de conocer la postura sobre Roe vs. Wade, a la Corte Constitucional de Colombia se habían presentado solicitudes de nulidad del fallo de movimientos autorreconocidos provida, liderados por la Clínica Jurídica Persona y Familia de la Universidad de la Sabana (al norte de la capital), las cuales fueron respaldadas por el Ministerio de Justicia.
"La solicitud de nulidad fue presentada por un grupo de ciudadanos y la Corte requirió al Ministerio de Justicia para que rindiera concepto a favor o en contra. Este Ministerio entregó un documento con la posición que acompaña la solicitud de nulidad", dijo Wilson Ruiz, jefe de la cartera, a través de las redes sociales.
El concepto del Ministerio de Justicia destaca que la interrupción voluntaria del embarazo era cosa juzgada en 2006, a través de la sentencia C-355 de ese año. En otras palabras, para el Gobierno el debate sobre el aborto está agotado con esa decisión y no hay lugar para avanzar más en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Esta cartera alega que además hubo violación en el debido proceso e irregularidades en el estudio de las ponencias.
Las pruebas sobre supuesta violación en el debido proceso e irregularidades por parte de la Corte se sustentan en la participación en la votación del conjuez Julio Andrés Ossa, quien había dado visos de apoyar una despenalización hasta la semana 13 de embarazo, pero que terminó votando a favor de la ponencia que permite el aborto libre hasta la semana 24. Eso sí, con una aclaración que para los solicitantes de la nulidad se entiende como un salvamento de voto. Ossa fue escogido para reemplazar al magistrado Alejandro Linares, impedido para participar de la decisión por haber manifestado en el pasado su posición sobre el aborto en medios de comunicación.
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En segundo lugar, la solicitud de nulidad alega que la Corte nunca logró explicar por qué el estudio de la demanda del movimiento Causa Justa —que reunió a más de 100 organizaciones feministas—, que pedía la despenalización total del aborto, no era cosa juzgada. Por último, consideraron que el alto tribunal dejó a un lado la discusión sobre el derecho de los que están por nacer.
"Desde el movimiento Causa Justa consideramos que la solicitud de nulidad presentada por una parte de sectores que se oponen al aborto legal, apoyada por el Ministerio de Justicia, no tiene ningún fundamento", comenta a Sputnik Cristina Rosero, una de las abogadas que participó en la demanda por parte del Centro de Derechos Reproductivos.
Para Rosero, la nulidad es una acción excepcional dentro de la Corte y los casos a favor de nulidad se cuentan con los dedos de una mano en los más de 30 años de creado el tribunal constitucional.
"La Corte Constitucional tramitó todas las solicitudes de quienes apoyan el aborto legal, como de quienes se opusieron. Y, por otra parte, en la sentencia se tuvieron en cuenta los argumentos en contra que se presentaron. En ese sentido, consideramos que no existe razón suficiente para que la Corte desconozca su propio precedente y, por lo tanto, debe negar la solicitud de nulidad y respetar su propia jurisprudencia frente a las nulidades", recalca Rosero.
Para la abogada, estas solicitudes ponen trabas a la implementación de la sentencia de febrero de 2022, que, en consecuencia, termina afectando los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres que decidan interrumpir su embarazo. "Esto termina por atacar un derecho reconocido desde el 2006, cuando la Corte reconoció el aborto como un derecho fundamental", indica a Sputnik.
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Mientras Valeria Pedraza, una de sus colegas en Causa Justa, lamenta que los medios nacionales hayan ventilado la solicitud de nulidad y el concepto del Ministerio de Justicia el día que se conoció la decisión sobre Roe versus Wade en Estados Unidos, Cristina Rosero cree que lo ocurrido en el país norteamericano puede movilizar a los grupos de oposición al aborto.
La noticia de Roe vs. Wade causó acogida en el sector más conservador de Colombia. "Gran victoria. El aborto no es un derecho. La defensa de la vida es imparable. Vamos adelante con el referendo", escribió el exsenador y excandidato presidencial cristiano John Milton Rodríguez.
El referéndum antiaborto es otra estrategia de los movimientos conservadores y cristianos para buscar tumbar la decisión de la Corte, acudiendo a un mecanismo consagrado por la Constitución. Este consiste en que un grupo de ciudadanos se organiza para recoger firmas, 3,9 millones que corresponden al 10% del censo electoral, que deberán ser verificadas y aprobadas por la Registraduría.
Una vez se surta este paso, se convocarán a elecciones de referéndum en las que se le hará una pregunta a la ciudadanía; en este caso, si apoyan la prohibición del aborto. La misma pregunta, antes de hacerse en las urnas, tendrá que pasar un examen de constitucionalidad en la Corte, instancia en la que fue aprobada la despenalización. Por eso, las probabilidades de que esta iniciativa ciudadana tome forma son muy remotas.
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